Las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dictaminarán la minuta del Senado en materia de trata de personas, que es susceptible de ser modificada, porque como se aprobó, dicha violación a las garantías individuales se enfrentaría como delito del fuero común, cuando en realidad es una modalidad de delincuencia organizada.

Los diputados recurrirán a la Convención de Palermo, para que en México el combate a esa actividad ilícita –la segunda más redituable para la delincuencia organizada– se enfrente desde el fuero federal, con una fiscalía especial robusta.

Al ser entrevistado en torno a la ley de trata, Armando Luna, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, refirió que este delito se asocia a la cultura altamente tolerante a la discriminación en México.

–La trata es una de las principales prácticas ominosas de la delincuencia organizada –se le comentó.

–Es la segunda fuente de ingresos de la delincuencia organizada, y ahí hago enfásis, porque quien debe combatirla es la misma autoridad encargada de dar el combate a la delincuencia organizada, entiéndase que sean autoridades con capacidad de respuesta, de inteligencia, de generar los procesos probatorios, y eso, en buena medida, explica por qué no hay suficientes procesos o los adecuados en materia de trata, porque es un delito de muy dificil tipificación.

Tema mal obordado

Diputados expusieron a este diario que el tema de fondo es que la trata se aborda desde el fuero común, igual que el robo, la violación o la explotación laboral, cuando en realidad es una modalidad de delincuencia organizada.

Esto implica que los instrumentos del Estado y de los gobiernos de las 32 entidades federativas para enfrentar el flagelo normalmente no son los adecuados. Puntualizaron que el enganche de la víctima se hace en un estado, el trafico en otro y la explotación en otro, lo que provoca que una procuraduría local tenga instrumentos muy limitados para poder acreditar la totalidad del delito.

Quienes están detrás de las redes de trata es la delincuencia organziada –se expuso a este diario en la Comisión de Justicia–, y por eso es ilógico que por un lado se persiga a un grupo delincuencial por ciertos delitos, con instrumentos robustos y organizados para eso, y por otro se les persiga con una fiscalía que hace su trabajo pero no tiene los instrumentos de la otra.

A esto se impone que la peligrosidad de los delincuentes es excatamente la misma, porque son los mismos quienes están detrás de distintas actividades.

De tal forma, los diputados recurrirán a los principios de la Convención de Palermo –que es un instrumento internacional generado para combatir la delincuencia organizada– y al Protocolo de Palermo, que especificamente aborda el delito de la trata de personas.

Al considerarse delito de delincuencia organizada, el tipo penal en la legislación mexicana tendrá que ser el mismo con la modalidad de trata de personas.

Así como hay modalidades de delitos contra la salud o lavado de dinero, debe acreditarse la explotación a través de la trata. Hasta hoy, con la decisión del Senado, se le pretende encasillar en un tipo de delito ordinario o del fuero común.