Cuando vence la patente de un medicamento se espera que, en el transcurso de un año, el precio baje cuando menos 20 por ciento, por la disponibilidad de las formulaciones genéricas. Así ocurre a escala internacional, pero no en México, lo cual puede deberse a alguna manipulación o distorsión del mercado, generada por las empresas, afirmó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

Dijo que el organismo ya investiga este asunto, igual que otros seis relacionados con el sector salud. Se trata de contribuir a que las personas y las instituciones de salud tengan acceso a medicamentos y material de curación dentro de un mercado que garantice los mejores precios con base en la competencia comercial.

En entrevista, luego de participar en el 31 Congreso Internacional de Farmacias, organizado por la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), respecto de los productos innovadores, la funcionaria comentó que hay varias moléculas cuya patente está vencida desde hace tiempo, pero no ha habido participación de fabricantes de medicamentos genéricos; la Cofece está en la búsqueda de las causas de que no haya nuevos competidores, dijo.

La indagatoria se suma a otras seis en el sector salud, las cuales representan 20 por ciento del trabajo del organismo. El tema sanitario forma parte del plan estratégico de la Cofece, en el cual se incluyeron los sectores que tienen impacto relevante en el bolsillo de los mexicanos.

Además, dijo, la Cofece ha recibido denuncias sobre colusión de empresas para obtener mayores ganancias o conservar algún sector del mercado.

Fue el caso de la investigación concluida en 2015 sobre compra de insulina (medicamento para el control de diabetes) que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2003 y 2006. La Cofece comprobó que los proveedores se ponían de acuerdo para obtener los contratos y vendían con un sobreprecio de 57 por ciento en cada ocasión.

Esto significa que se causó un daño patrimonial al Seguro Social por 623 millones de pesos, monto que habría podido invertir en adquirir 727 ambulancias, dos mil 200 incubadoras o en construir cinco unidades de medicina familiar con 10 consultorios cada una.

La comisión también investiga la denuncia del IMSS sobre la presunta colusión de empresas proveedoras de servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre, descubierta a principios del año por la filtración de llamadas telefónicas, donde los empresarios presuntamente acordaban las condiciones de venta y precios que presentarían al instituto. Esta pesquisa concluirá en un año aproximadamente, indicó Palacios.