El 7 de noviembre Joaquín Vargas, presidente de MVS, publicó un desplegado con la resolución del juez 57 de lo civil en la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, que condena a la periodista Carmen Aristegui por excederse en su libertad de expresión. Esa sentencia huele a censura, sostuvieron ayer defensores de derechos humanos y académicos y la propia Aristegui en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM.

En el foro La sentencia contra el libro de la Casa Blanca, ¿una amenaza a la libertad de expresión?, celebrado en el auditorio Ricardo Flores Magón, Aristegui dijo que la historia de las demandas que enfrenta “tiene un principio: la investigación especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Fue el arranque de un proceso de acoso judicial contra periodistas que decidieron contar a la sociedad mexicana este asunto de una casa de 7 millones de dólares en posesión del Presidente de la República y que estaba a nombre de uno de los contratistas de su gobierno”.

El fallo del juez gira en torno al prólogo de La Casa Blanca de Peña Nieto, única parte del libro escrita por la periodista. No mentimos. Tenemos el derecho a pensar y decir, a una opinión. El juez no entiende nada de derecho a la información ni a la opinión. Es vergonzosa una sentencia como ésta, asentó la comunicadora.

El juez consideró que lo escrito por Aristegui dañaba a Vargas.

La periodista dijo que esta sentencia es un llamado a todas y todos: ¿acaso una orden judicial debe decirnos qué pensar?

Indicó que se defenderá de la resolución del juez.

Leopoldo Maldonado, abogado representante del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, defensora de periodistas, dijo que la sentencia y el proceso contra Aristegui da cuenta de la violencia institucional que existe en México contra periodistas, que se traduce en el uso de mecanismos en apariencia institucionales y legales, pero que en realidad se usan para restringir los derechos fundamentales.

Dijo que en 2015 siete periodistas fueron asesinados, y que en lo que va del año se han registrado 10 asesinatos más, así como 306 agresiones contra reporteros y comunicadores, según un recuento de la organización.

Javier Cortina, del despacho Quijano-Cortina y De la Torre, representante legal de la periodista, y David Peña, abogado del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, refirieron que una de las resoluciones de la setencia indica que con el prólogo Aristegui excedió su libertad de expresión y de información. Pero no son lo mismo –indicó David Peña– y tienen estándares de protección y de restricción distintos. El prólogo es una opinión, que debe ser protegida por el derecho a la libertad de expresión, no es derecho a la información.