e 2013 a la fecha la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha promovido 400 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por actos de funcionarios que presuntamente causaron daños patrimoniales y afectaciones al erario. De esos procedimientos, 266 corresponden a 25 gobiernos estatales por el uso irregular que han hecho de las partidas asignadas por la Federación, de manera destacada con el presupuesto correspondiente a los sectores de educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Veracruz, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista de entidades que enfrentan litigios y procesos administrativos por presunta malversación de recursos federales.
El órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados para la fiscalización de la cuenta pública destaca el crecimiento en años recientes de una práctica ilegal conocida como simulación de reintegros
: al atravesar un proceso de auditoría en el que se presume la desviación o ejercicio irregular de los fondos federales, los gobiernos estatales reintegran los recursos a las cuentas correspondientes sólo para volver a retirarlos una vez que termina la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Tal procedimiento fraudulento representa 88 de los 266 procesos abiertos y tiene a Veracruz como imputado principal.
La existencia de irregularidades de estas dimensiones da cuenta de la opacidad y discrecionalidad con que se asignan, administran y aplican los fondos públicos, de manera acusada en la relación existente entre la Federación y los gobiernos locales de todos los partidos. En efecto, la cantidad de ex gobernadores recientes que se encuentran imputados, bajo investigación o con fuertes sospechas de responsabilidad en delitos por el manejo indebido de recursos públicos sólo se explica por la ausencia de mecanismos que garanticen la aplicación de los fondos en los rubros a los que fueron asignados. En este sentido, la casi completa inexistencia de una cultura y una estructura institucional que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas promueve la continuación de este esas prácticas delictivas.
Cabe recordar que esta información se da a conocer a sólo unos días de que el pleno del Senado discuta el nombramiento del primer fiscal anticorrupción del país, un paso encaminado a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción que, de acuerdo con el gobierno federal, dotará a las instancias de procuración de justicia de las herramientas para erradicar este flagelo para la economía del país. Sin embargo, la falta de autonomía efectiva, la limitación de los recursos asignados para su primer año de actividades y la escasa idoneidad de los aspirantes a presidirla e integrar su comité coordinador plantean serias dudas acerca de la capacidad del nuevo organismo para enfrentar los desafíos en la materia.
