iempre dispuesto al sacrificio (de la mayoría, desde luego), el Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso al gobierno peñanietista que recorte el gasto en pensiones con el fin de disminuir, en el futuro, las presiones sobre el gasto público en el sector social.

De por sí las pensiones son verdaderamente raquíticas para los mexicanos de a pie (no así las de la burocracia dorada, que en algunos casos sobrepasan los 250 mil pesos mensuales, y mayores a 400 mil en el caso del Poder Judicial), pero el FMI recomienda un recorte discrecional en el gasto relativo para que las gloriosas finanzas nacionales se vistan de gloria, algo, dicho sea de paso, que seis gobiernos al hilo han prometido por la vía de las reformas estructurales.

Por cierto estas últimas, de la mano con las prácticas empresariales, han dejado fuera del citado derecho a seis de cada diez mexicanos en edad y condición de laborar y/o pensionarse. Y los cuatro restantes obtienen pensiones miserables.

Pero van por más, porque ahora la recomendación del FMI (que se suma a la de la OCDE, presentada en octubre del año pasado, y que por una u otra razón el gobierno peñanietista no pudo poner en práctica, aunque no canceló la posibilidad) no sólo va que vuela para ser implementada, sino que de inmediato recibió el visto bueno de quien, en la práctica, debe llevarla al terreno de los hechos, es decir, la Secretaría de Hacienda.

La recomendación del FMI dice así: “debido al incremento en el gasto de pensiones, el Fondo Monetario Internacional exhortó a las autoridades mexicanas a realizar una reforma para establecer un sistema que incluya una mezcla de beneficios definidos con aportaciones definidas en las que se tomen los recursos que actualmente tienen los trabajadores en la subcuenta de vivienda del Infonavit y sea administrada por entidades financieras privadas.

En su informe anual, elaborado conforme al artículo cuarto de sus estatutos constitutivos, en los que cada año el FMI hace una evaluación de cada país miembro, el organismo financiero internacional advirtió que ante el envejecimiento de la población las presiones de las finanzas públicas se mantendrán hasta 2040 para luego ir disminuyendo paulatinamente (La Jornada, Israel Rodríguez).

El 2040 –si es que para entonces alguien queda vivo– será el último año de la generación del 73 (por llamarle así, dado que esa es la data de la ley por medio de la cual algunos vejestorios –como el suscrito– tienen derecho a pensionarse por el IMSS, siempre y cuando el aspirante cuente con empleo formal). A partir de esa fecha no habrá más pensiones que las administradas por las Afores. Y la diferencia entre una y otra es –cuando menos ahora– de tres tantos, favorable para la primera.

El FMI, junto con la OCDE, cierra la pinza y el siempre solícito gobierno mexicano de inmediato atiende sus recomendaciones, entre las cuales está aumentar las aportaciones de los aforados. Con eso de que el país está en jauja, fácilmente los trabajadores procederán en tal sentido.

Pero el Fondo no sólo propone un menor gasto en los menesteres descritos, sino que, generoso, de nueva cuenta recortó la de por sí raquítica proyección oficial de crecimiento económico para 2016 y, de pilón, 2017, con todo y que el organismo asegura que México ha navegado con éxito en un entorno externo complejo, caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros mundiales.

Y lo ha hecho tan bien, que el FMI redujo de 2.5 a 2.1 por ciento su pronóstico de crecimiento económico para México en el presente año, y de 2.6 a 2.2 por ciento para 2017, aunque para justificar tal decisión el organismo arguye que las causas son la menor producción de petróleo y una perspectiva económica más débil en Estados Unidos, sin olvidar la amenaza proteccionista del salvaje del norte.

Así, de cumplirse el pronóstico del FMI, el promedio anual de crecimiento económico con Peña Nieto en Los Pinos alcanzaría la histórica magnitud de 2 por ciento (sin considerar 2018), ya aprobadas y en funcionamiento todas las reformas que los mexicanos necesitan (EPN dixit), es decir, exactamente la misma proporción que en las últimas tres décadas (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón). Todo cambió, pues, para quedar igual.

Ya entrado en gastos, el FMI también recomendó al gobierno peñanietista (que se ha caracterizado por endeudar vertiginosamente a los mexicanos, pues son ellos quienes pagan la factura) que reduzca, “de forma más agresiva”, el nivel de deuda pública, aunque el exhorto llega tarde, pues tal débito registra un incremento cercano a 50 por ciento en lo que va de la administración peñanietista.

Desde el arranque mismo del gobierno que se comprometió mover a México resultó más que obvio que la ruta elegida era la del endeudamiento galopante, y cuatro años después el débito total supera 50 por ciento del producto interno bruto. Entonces, gracias por el exhorto, aunque sea tardío.

Eso sí, ni tardo ni perezoso el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que las recomendaciones del FMI serán tomadas con mucha seriedad, ya que se tienen los elementos para cumplir con este objetivo y generar superávit primario.

De acuerdo con Meade, el gobierno peñanietista identifica los retos que tiene por delante y las recomendaciones se tendrán que revisar en un contexto de entorno global difícil. Los escenarios de volatilidad pueden mantenerse, mientras no estén claras las medidas de política económica del nuevo gobierno estadunidense, aunque no hay por qué preocuparse, toda vez que lo importante, según dice, es mandar señales de fortaleza interna. Y listo.

En los hechos, sin embargo, la seriedad se traduce en más de 3 billones de pesos adicionales a la deuda pública (interna y externa) cientos de miles de millones por pago de intereses de la misma en apenas cuatro años de Peña Nieto en Los Pinos, cuyo efecto positivo para la economía y el bienestar nacionales no se ve por ninguna parte, aunque sí es notorio el gozo de los acreedores.

Las rebanadas del pastel

Ante todo, claridad y congruencia: el sabio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, primero dijo que no se renegociaría el TLCAN y ni un paso atrás en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP); después que se procedería en tal sentido siempre que beneficiara al país, aunque en el ATP México seguía firme con o sin Estados Unidos; ahora que ante la rotunda negativa de Trump de participar en el ATP, la alternativa para México son los acuerdos bilaterales. ¿Y mañana? Pues quién sabe… Y el dólar a 21.00 masacrados pesitos.

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