La iniciativa de ley para dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para investigar y actuar contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad interior o la paz pública –como el narcotráfico o la corrupción– es inconstitucional y peligrosa, porque dotaría de un poder omnipotente a los militares para investigar delitos de cualquier tipo e incluso actuar contra opositores al gobierno.

Advirtieron lo anterior el constitucionalista Elisur Arteaga y César Gutiérrez Priego, abogado que presentó una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para defender las garantías de los soldados acribillados en una emboscada en Culiacán, Sinaloa, y ha demandado un marco legal que proteja a los militares en funciones de seguridad pública.

Gutiérrez encabeza un movimiento de militares en activo y en retiro que exigen respeto a los derechos humanos de los soldados, que ha puesto énfasis en la necesidad de establecer un marco legal para las fuerzas armadas. Subrayó que con la iniciativa del PRI nos estamos yendo más allá de lo que es un marco jurídico que diera facultad a las fuerzas armadas para poder realizar funciones de seguridad pública.

Además, el proyecto de ley no es muy claro en cuanto a las atribuciones de las fuerzas armadas, ya que incluso señala que en caso de investigación podrán obtener información por cualquier medio. Sería peligroso dar facultades omnipotentes a los militares, aseveró.

El marco legal señala que todo se debe hacer con mandamientos judiciales. Escuchas telefónicas, intervención de correos electrónicos, etcétera, sí se pueden hacer, pero por el camino correcto, indicó.

La ley no es precisa. Habría alguna justificación si precisara que las investigaciones de las fuerzas armadas se limitarán a delitos de alto impacto o terrorismo, pero el problema es que también puede usarse contra cualquier persona que se oponga al régimen, manifestó.

Una cosa es el marco jurídico para que operen los militares que realizan labores de seguridad pública y otra cosa es una ley omnipotente que les permita realizar cualquier investigación con el pretexto de que se trata de un asunto de seguridad interna, corrupción o terrorismo, subrayó.

El artículo 129 de la Carta Magna

Arteaga, por su parte, aseveró que la iniciativa de los diputados priístas es inconstitucional porque el Ministerio Público (MP), federal o local, es el que tiene el monopolio de investigar los delitos.

Además, subrayó, el artículo 129 de la Carta Magna precisa que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.

Por ello, antes que aprobar una iniciativa en esos términos, tendría que modificarse la Constitución, dijo.

Insistió en que las fuerzas armadas no pueden ser utilizadas como policías o en labores de investigación, porque la Constitución no les ha dado esas atribuciones. El que se viole cotidianamente la Carta Magna no legitima lo que se hace ilegalmente, subrayó.

Señaló que la Constitución sólo prevé la aplicación del artículo 29 para suspender las garantías y derechos individuales en estado de excepción, lo que permitiría a los militares actuar como pretenden que lo haga; pero mientras no se aplique dicho artículo el Ejército usurparía funciones del Ministerio Público y de la policía, aseveró el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.