El PAN en la Cámara de Diputados llamó a aprobar con urgencia la iniciativa de ley de seguridad interna en el actual periodo de sesiones y reveló que su dirigente, Ricardo Anaya Cortés, ofreció personalmente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, dar un marco jurídico a las fuerzas armadas para mantener a los militares en las calles.

En tanto, diputados de la Comisión de Defensa informaron que en el encuentro de la semana pasada con Cienfuegos Zepeda, el general explicó que en la redacción de la iniciativa del PRI participó el Ejército, aunque resaltó que se insiste en mantener a los militares en tareas de seguridad pública cuando su preparación no es para ser policías.

El titular de la Sedena, indicaron legisladores que asistieron a la reunión, destacó que su carrera es de medio siglo en la salvaguarda de la soberanía nacional y los militares no quieren continuar en operativos en las calles o en destrucción de plantíos, porque no es su responsabilidad.

El mensaje que la Sedena presentó a los diputados es que los soldados que participan en operativos contra la delincuencia se enfrentan a la disyuntiva de ser juzgados por la justicia civil y militar si no acatan la orden de un mando y al cumplirla cometen una violación a los derechos humanos.

Señalaron que Cienfuegos Zepeda dijo que de 2012 a 2015 el Ejército pasó del primer al octavo lugar en denuncias por violaciones a derechos humanos y aclaró que incluso se ha señalado a soldados de cometerlas, durante procesos de lo familiar vinculados con el pago de pensiones alimentarias.

Además, indicó que cuando un militar es juzgado en el fuero civil y no se le encuentra culpable, las fuerzas armadas tienen la obligación de restituirlo en su encargo.

Ayer, después de que La Jornada publicó el contenido de la iniciativa del PRI sobre una ley de seguridad interior que regule la participación del Ejército y la Marina en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Javier Bolaños (PAN), afirmó que aprobarla debe ser considerada prioridad.

Es necesario, sostuvo, generar certeza jurídica a las fuerzas armadas, que han dado servicio incalculable e invaluable en el combate a la delincuencia y las amenazas que hemos sufrido los mexicanos, y que la Cámara lo discuta incluso en un periodo extraordinario

En contraste, el diputado Cui-tláhuac García (Morena) afirmó que la intención de la iniciativa es cumplir con la exigencia del Ejército y la Marina para que (los militares) no sean señalados por violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Tlatlaya.

Explicó que la Constitución define a las policías y al Ministerio Público como responsables de las tareas de seguridad pública e investigación. Y los mecanismos de investigación del Ejército se enfocan en casos de invasión, no están hechos para indagar a los ciudadanos, que no deben ser tratados como una fuerza armada o como enemigos de la nación.

Por su parte, el diputado Manuel Espino (MC) refirió que el general Cienfuegos expresó su preocupación porque entre los decomisos de armas a grupos criminales hay algunas usadas para la guerra.