En el fondo, la iniciativa de crear un marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado significa que el Estado mexicano claudica en su obligación de que esta tarea corresponde al ámbito civil y sería la militarización permanente de la seguridad y de la vida del país.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lamentó que lo que comenzó formalmente hace 20 años como algo temporal, la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, hoy se pueda perpetuar en la vida nacional.

Llevamos 20 años con este problema y durante todo este tiempo se ha mantenido, replicado y sigue creciendo. Si permanecen los militares en estas tareas, aunque sea con marco jurídico, las cosas no se van a modificar, porque en el fondo el problema es que no existe una estrategia de seguridad, dijo al comentar la iniciativa elaborada por el PRI para militarizar la seguridad interna.

Además, agregó, se trata de la claudicación de los políticos de asumir su tarea en términos de la Constitución, porque son ellos, nuestros gobernantes, los encargados de la seguridad y no tendrían por qué ser las fuerzas armadas.

Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro Fray Francisco de Vitoria, el Centro Mexicano de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar, y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, han exigido al gobierno federal la elaboración de un plan de salida del Ejército de estas actividades.

Incluso, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana. Esta tarea debe corresponder a la fuerza policial civil, que sea respetuosa de los derechos humanos, para combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno de cada país.

Cortez insistió que son varias las rutas por las que se debe transitar. Una de ellas es, si se mantiene temporalmente a las fuerzas armadas en tareas de seguridad –que no es lo ideal– brindarles mejor capacitación, con mecanismos efectivos de investigación y de rendición de cuentas y de sanción, cuando cometan una violación a los derechos humanos.

Advirtió que en caso de darse esto último, el país estaría en el peor de los escenarios, es decir, con la instalación de una realidad permanente de militarización de la seguridad y sin mecanismos de combate a la impunidad.