Durante las audiencias públicas a las que convocó el Senado para debatir la propuesta de ley general de archivos, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en favor de que se modifique el proyecto legislativo, ya que se pretende otorgar a la Secretaría de Gobernación el control político de los documentos y la información que contienen.

En el debate de más de cinco horas, los investigadores advirtieron sobre los riesgos que representa aprobar la iniciativa de ley en sus términos, ya que coloca al secretario de Gobernación como titular del Consejo Nacional de Archivos.

El presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación y miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Mauricio Merino, advirtió que aprobar la ley en sus términos sería una grave amenaza de regresión política para el país y para el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Merino sostuvo: no hay una razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos (SNA), que no sea la de centralizar el poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación (AGN) deje de ser una dependencia dirigida por Gobernación.

Insistió en que es una de las más graves amenazas de regresión política, si se aprueba como ha sido presentada, sin matices y sin reservas. Es una regresión porque los archivos son la base del Sistema Nacional de Transparencia y del combate a la corrupción, donde se conserva la evidencia que debe ser usada por el SNA.

A nombre del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el comisionado, Francisco Javier Acuña, sin abundar en cuestionamientos sobre efectos políticos del papel de Gobernación, dijo que el Instituto Nacional de Información y Protección de Datos Personales (Inai) estima necesario que haya una evolución en la naturaleza institucional del AGN que trascienda su carácter sectorizado en la secretaría y le brinde un sustento jurídico para garantizar su autonomía técnica, presupuestal y de gestión para conducir la política archivística.

Asimismo, Acuña demandó que la ley garantice el derecho a la verdad y contenga garantía de la preservación como archivos históricos de todos aquellos casos de violaciones graves de derechos humanos y de presuntos actos de corrupción. En paralelo, se deben fijar criterios que aseguren la consulta de estos documentos, con requisitos que no pueden ser mayores a los del acceso a la información.

En su oportunidad, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas, criticó que con esta ley la política nacional archivística quede en manos de políticos. “Perdonen la metáfora, pero se quería un Ferrari y nos están dando un vocho destartalado; lo peor de todo es que el AGN quiere ser vocho, en lugar de cambiar de lógica”.

En tanto, la ex directora general del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez, impugnó la propuesta que fue presentada la semana pasada por las senadoras Cristina Díaz, priísta; Laura Rojas, panista, y el senador perredista Zoé Robledo.

En un pronunciamiento, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) descalificó la iniciativa, pues tiene deficiencias preocupantes, en especial que deja a Gobernación la presidencia del consejo que definirá la política archivística.

Asimismo, al preservar al AGN como dependiente de la Secretaría de Gobernación y no se le reconozca una naturaleza jurídica desconcentrada, se inhibe su liderazgo en la política nacional de archivos. A ello se debe añadir que la entrada en vigor de la ley se daría en un entorno de reducción presupuestaria al AGN de 78 por ciento para 2017.