Once organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil mexicana e internacional acusaron al Estado mexicano de no acatar las opiniones y observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, respecto de la liberación inmediata de tres activistas que permanecen injustamente en prisión.

Al presentar el informe sobre la detención arbitraria de cinco personas defensoras de derechos humanos, entre ellas Nestora Salgado, sobre las cuales dicho grupo de trabajo ya emitió su opinión entre 2014 y 2015, las organizaciones civiles denunciaron que en el país existe un claro patrón de detención arbitraria cometido por el Estado mexicano en contra de los defensores, que tiene la intención de inhibir su acción social.

Este patrón implica violaciones reiteradas y permanentes a sus derechos humanos, entre las cuales está la difamación y el desprestigio, arresto ilegal sin orden de aprehensión, incomunicación, confinamiento, tortura, desaparición forzada antes de la presentación de la persona detenida y flagrante violación al debido proceso, entre otras.

Los casos contenidos en el informe son los de Nestora Salgado y Pedro Canché, ya en libertad, además de los de Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños y Enrique Guerrero Aviña, quienes, sin pruebas, permanecen en prisión, acusados de delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Yesica Sánchez Maya, directora adjunta del Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca; Ivi Oliveira, coordinadora de Protección para América Latina en la organización Front Line Defenders, y Víctor Hugo Carlos, del área de Educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en nombre de las 11 organizaciones, exigieron la liberación inmediata de los tres defensores todavía presos.

Ivi Oliveira señaló que aun cuando ya se obtuvo la liberación de dos de los cinco defensores, persiste la criminalización en su contra, además de que no se ha hecho justicia, pues no hay sanción a los responsables ni se observa una voluntad política de reconocer públicamente que el Estado violó sus derechos humanos, ni indemnización ni garantía de no repetición de los hechos, condiciones indispensables para la justicia.

En el acto, los familiares de los defensores todavía detenidos explicaron la terrible situación que vive cada uno de ellos, pues las autoridades les niegan persistentemente la atención médica que necesitan con urgencia. En el caso de Librado Jacinto Baños, prácticamente ha perdido la vista por falta atención especializada, y Damián Gallardo corre el grave riesgo de perder la visión de uno de sus ojos.