Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil advirtieron sobre un significativo aumento del índice delictivo en el corredor Saltillo-Nuevo Laredo, con los delitos de robo y extorsión, pero también de otros ilícitos considerados de alto impacto, como homicidios dolosos, secuestros, tortura y desaparición forzada.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en Coahuila había hasta el 30 de julio pasado casi mil 500 personas cuyo paradero se desconoce, todas con carpeta de investigación abierta, y donde el municipio de Saltillo encabeza la lista con 321 denuncias. Se estima que la cifra es mucho mayor por el temor de los familiares a denunciar.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila –organización que forma parte de un movimiento nacional de búsqueda–, los centros de derechos humanos Paso del Norte y Fray Juan de Larios, así como el Centro Mujer, entre otros, señalaron que Saltillo se ha convertido en una de las ciudades identificadas como peligrosas en el país, conforme los datos oficiales en materia de seguridad del gobierno federal, situación que se confirma con las denuncias e informes de diversas colectivos.

De manera particular, denunciaron que en el municipio de Saltillo persiste la impunidad, la corrupción y el cinismo político. Incluso, señalaron que pese este aumento en la inseguridad, las autoridades municipales, encabezadas por el panista Isidro López Villarreal, han recortado en los pasados dos años casi 30 por ciento el presupuesto destinado a este rubro.

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en términos generales no hay cifras confiables sobre estos delitos, y que el escenario real es sustancialmente mayor o peor, pues hay víctimas o familiares que no presentan sus denuncias por temor.

Pero al tratarse de una zona de tránsito de migrantes en su camino hacia Estados Unidos, muchos de estos delitos se cometen en contra de esta población, lo que hace todavía más difícil la presentación de la denuncia.

Durante los pasados tres años, dijeron, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido varias recomendaciones al alcalde Isidro López Villarreal debido a violaciones a los derechos humanos cometidas por policías municipales, regularmente por detenciones arbitrarias, robo y tratos crueles e inhumanos.

Sobre este tema, la Casa del Migrante de Saltillo presentó una denuncia penal en contra del alcalde panista, por criminalizar en público la pobreza y la migración e incitar a la discriminación de las personas migrantes, producto de un arresto policial de dos centroamericanos que pedían limosna en la vía pública. La denuncia después de año y medio sigue abierta, sin avance.

El Centro Mujer señaló que también existe un problemática creciente en el tema de feminicidios, y que no existen voluntad política ni del gobierno del estado ni del municipio de Saltillo, para investigar estos homicidios desde la perspectiva de género.