El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para anular el esquema de designación del futuro fiscal general de la República, ya que en su anterior proyecto, el proceso permitía al procurador General de la República convertirse de forma automática en el fiscal, y ese debate no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la fiscalía.

Al explicar las motivaciones de esta propuesta turnada al Poder Legislativo, la Presidencia de la República detalló que de aprobarse la iniciativa y, por ende, cancelarse la conversión automática del titular, corresponderá al Senado realizar el procedimiento de designación del nuevo fiscal general de la República.

Mediante un comunicado, la Presidencia recordó que la reforma constitucional aún vigente y en vías de modificarse recibió el respaldo en su momento de 106 senadores y la oposición de solamente 15, en tanto que en la Cámara de Diputados concitó el aval de 409 legisladores contra 69 que se opusieron a esta reforma. Y más: la designación del procurador General de la República, Raúl Cervantes, recibió el respaldo de 85 senadores y el rechazo de sólo tres.

De acuerdo con los plazos fijados en la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, la fiscalía general de la república entrará en vigor una vez que se apruebe la ley orgánica por el Congreso. Sin mencionar los cuestionamientos de partidos opositores sobre presiones desde Los Pinos para avanzar en la transición a la nueva fiscalía, en el comunicado se destaca: El Gobierno de la República reitera que los tiempos para la transición a la Fiscalía General de la República, corresponden al Congreso, que será el Poder que defina el momento de aprobación de la ley orgánica.