La figura del arraigo sigue siendo tema pendiente por resolver en el sistema de justicia penal acusatorio, porque en la práctica se presenta como una forma de detención considerada arbitraria y violatoria de derechos humanos, aseguró el Observatorio Ciudadano de Sistema de Justicia.

Reconoció que si bien en años recientes el número de arraigos federales disminuyó de manera significativa, al pasar de 2 mil 385 personas a 83 en 2015, se sigue aplicando, aun cuando múltiples recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos han considerado que esa figura es violatoria de los derechos a la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso.

Integrado por los grupos civiles Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto de Justicia Procesal Penal, bajo auspicio de la Fundación MacArthur, el Observatorio consideró que el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Incluso, señaló que por medio de solicitudes de acceso a la información pública se ha comprobado que algunos estados del país aplicaron esta figura durante 2015 y 2016, a pesar de que su aplicación fue declarada inconstitucional en el ámbito local por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2014.

En un comunicado, las organizaciones que integran el Observatorio, creado en 2013 para supervisar y promover la adecuada aplicación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, insistieron en la necesidad de eliminar totalmente esa figura de la Constitución.