Sesenta y cinco por ciento de las acciones de policías municipales corresponden a infracciones calificadas de no graves o violaciones a las leyes de justicia cívica.

Cuarenta por ciento de esas infracciones se refieren a consumo o suministro de drogas, 17 por ciento a desorden en la convivencia social y 12 por ciento a alteraciones del orden público.

En 2014, las policías municipales acumularon 2.2 millones de presuntas infracciones cívicas, señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citados por la Secretaría de Gobernación.

Pese al cúmulo de asuntos no graves, en 2014 sólo 25 mil personas trabajaban en funciones de justicia municipal en el país, de las cuales poco más de 4 mil eran jueces cívicos.

En este contexto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señaló que fortalecer la justicia cívica permitirá combatir la corrupción.

Alcaldes y autoridades locales se reunieron con el propósito de elaborar un plan de acción para 2017 en materia de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad.

El titular del SNSP, Álvaro Vizcaíno, dijo que el fortalecimiento de la justicia cívica permitirá disminuir las conductas antisociales. Es urgente, puntualizó, homologar la justicia cívica en el país, porque 42 por ciento de los ordenamientos en la materia son del siglo pasado.

Veinticinco no incluyen reglas del debido proceso (no se respeta la garantía de audiencia), no prevé la asesoría de un abogado o algún mecanismo para impugnar la sanción. Además, casi 35 por ciento no tienen mecanismos de medición comunitaria y, en cuanto a la parte medular, uno de los ordenamientos sólo tiene 18 artículos, mientras el más extenso tiene 2 mil 534.

Se requiere un marco legal moderno para que los municipios hagan más eficiente, por ejemplo, la recaudación de multas por violaciones a las leyes de justicia cívica.

Por otro lado, la compilación estadística del SNSP indica que este año han sido presentadas en todo el país 1.2 millones de denuncias ante procuradurías y fiscalías estatales .

Durante el mismo periodo de 2015, la suma de denuncias fue de 1.3 millones.