l referirse a las acciones de su gobierno en la atención al efecto Trump sobre nuestros indocumentados, la señora secretaria de Relaciones Exteriores habla en plural, no se sabe por qué, ya que está sola. El Presidente sólo ha anunciado que aplicará una política pragmática
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que carece de cualquier credibilidad, se pronunció vigorosamente por unirse en defensa del interés nacional frente al relevo de gobierno en Estados Unidos
(La Jornada, 18/11/16). Eso es todo. Los legisladores no se enteran, los partidos callan. Ella está sola.
La conclusión es que, por decisión presidencial, a Claudia Ruiz Massieu la dejaron colgada. Mala cosa ante un posible drama que, mucho más que comercial, amenaza con tener tintes de amargura humana muy dramáticos. Es posible decir que pronto veremos una dolorosa cacería de indocumentados originarios de cualquier país.
En contraste con tal vacío político, es propio recordar dos hitos nacionales: Uno: la entrada en vigor de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, del 6/11/86, de Estados Unidos, conocida como ley Simpson-Rodino. Los cálculos mexicanos anticipaban el regreso masivo de cerca de 3 millones de indocumentados debido a las gravosas multas impuestas por dicha norma al empresariado estadunidense si los contrataban. También eran previsibles lastimosos acosamientos y persecuciones policiales, así como severos daños a la economía de los dos países.
En aquel caso, semanas antes, sin esperar a que la ley entrara en vigor, preventivamente las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores llevaron a cabo trabajos iniciales de coordinación con consulados en los grandes asentamientos de mexicanos y en los de la frontera. De igual manera, se relacionaron con los gobernadores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los seis estados limítrofes, y con los de las principales entidades expulsoras: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Puebla y Oaxaca para organizar la recepción, alojamiento, cuidados transitorios y el inmediato traslado a los lugares de origen de los afectados. La reacción de los mandatarios estatales fue de abierta disposición para actuar con un gran sentido de responsabilidad.
Dos: días después de los sismos de septiembre de 1985 se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, integrada en comités especializados y constituida por todos los sectores oficiales y privados con capacidad de colaborar. Atendiendo a su nombre, la comisión se hizo cargo de la recuperación de valores humanos, materiales y económicos de los millones de afectados y del propio gobierno. La acción fue principalmente en la zona metropolitana, asignando y controlando tareas específicas sobre alimentación, alojamiento y servicios apremiantes. Pasada la emergencia, se actuó en la reconstrucción física de toda la infraestructura dañada: vivienda, escuelas, juzgados, oficinas, banca, comercio. Notable esfuerzo de planeación y coordinación.
Hoy estamos frente a una amenaza de naturaleza sin antecedente histórico y a la que enfrentamos con la alarmante ausencia de un plan integral, de conjunto. Sorprende de manera singular la ausencia de la Secretaría de Gobernación, que por tradición y por ley debe coordinar los esfuerzos del gobierno y autoridades estatales en programas de conjunto. Dentro de sus funciones propias, las sectoriales, tiene tareas esenciales para cualquier caso de repatriación: resguardo y reinserción de reinmigrantes, tales como servicios migratorios, protección civil, normatividad de medios de comunicación, seguridad pública, relaciones con los otros dos poderes y con los partidos, inteligencia política, población, producción de programas informativos especiales. Todos ellos que de manera significativa resultarían responsables de tareas esenciales bajo el supuesto ya mencionado.
Existe una amenaza más, que en este caso es para el gobierno mismo y en especial para el presidente Peña: la crítica nacional y la ruidosa opinión internacional que tanto le escuece. Efectivamente, de seguir en la inexplicable pasividad actual, es previsible la incurrencia en actos y omisiones respecto de derechos humanos que nos traerán una tormenta de críticas. El gobierno ha sido blanco de terribles ataques por sus errores de enfoque de los grandes problemas sociopolíticos, por las torpes gestiones de cada caso y por su inhábil relación con organismos defensores de derechos humanos. La negación, la simulación, ases de los sombríos oficios políticos mexicanos, ¿encontrarán aplicación en este caso?
Por numerosas razones, México es para Trump un blanco que le está obligado por su insolente y lenguaraz compromiso de agredirnos desde el inicio de su campaña, obligado por ser un vecino que él con cierta razón considera inerte, por próximo y por barato de agredirse de múltiples maneras. Barato en lo político y en lo económico: no somos China ni Rusia ni la Unión Europea. ¿Y nosotros… ¿Será que pusimos el despertador para el 20 de enero para ver qué dice Trump?
