l Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado ayer en la residencia oficial de Los Pinos en el contexto del repunte inflacionario y de la extendida indignación social por el alza al precio de las gasolinas, que entró en vigor el primer día del año, es una recuperación de los pactos intersectoriales que las presidencias priístas del siglo pasado impulsaban ante situaciones económicas críticas. Pero, a diferencia de aquellos, el documento que se presentó la víspera a la opinión pública carece de acciones concretas y de directrices vinculatorias y constituye, en consecuencia, una expresión de buenas intenciones que parece insuficiente para hacer frente a la preocupante coyuntura actual.

Los empresarios, parcialmente representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero con el desacuerdo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no se comprometieron más que a coadyuvar para evitar aumentos generalizados de precios en los productos de la canasta básica, a proteger el empleo y a impulsar inversiones, pero sin metas precisas y cuantificables. Por su parte, la representación de los asalariados corrió a cargo de la Confederación de Trabajadores de México, una central sindical burocrática y jurásica que en el curso del ciclo de gobiernos neoliberales ha perdido la mayor parte de su peso, influencia y representatividad, y que es hoy una sombra de lo que fue. De su lado, el gobierno federal no se fijó objetivo concreto alguno, salvo el de reducir 10 por ciento los salarios de sus altos funcionarios –un margen insignificante de simulada austeridad– y a exhortar a los otros poderes de la unión, gobiernos locales y organismos autónomos a adoptar una medida semejante.

El saldo de las negociaciones para el pacto anunciado ayer no sólo resulta insatisfactorio, sino hasta negativo, si se considera la fractura que generó en las cúpulas empresariales y la animadversión de los dueños del dinero hacia el gobierno que tal rompimiento deja entrever.

En contraste, los sectores de la población que han venido expresando su descontento por el gasolinazo del primero de enero no estuvieron representados de manera alguna en la ceremonia de firma del pacto referido, lo que lleva a pensar que difícilmente tal documento podrá contrarrestar el conflicto social generado.

Más preocupante aún, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar no ofrece protección concreta alguna a los grupos mayoritarios de la población ante la incierta situación económica derivada de la pérdida de la renta petrolera –atribuible en primer lugar a la reforma energética–, el arribo de Donald Trump a la presidencia estadunidense (con la previsible turbulencia que eso implica y el achicamiento en la relación comercial con el país vecino) y el insatisfactorio crecimiento que exhibe la economía nacional desde hace años.

Para hacer frente a la circunstancia se requiere mucho más que buenos propósitos: es necesario rectificar el rumbo económico general y colocar las necesidades de la sociedad por encima de los intereses corporativos nacionales y trasnacionales. El tiempo se agota para esa rectificación necesaria y –por lo que ha podido verse en días recientes– la paciencia social, también.