El ministro Javier Laynez Potisek admitió las cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos Morena y Nueva Alianza (Panal). Trascendió que le serán turnadas las controversias constitucionales interpuestas el viernes pasado por la Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local en contra de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Fuentes judiciales confirmaron que Laynez Potisek admitió las acciones de inconstitucionalidad el pasado viernes, y que, de acuerdo con políticas de la Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN), cuando ingresan más asuntos sobre un mismo tema que ya fue admitido, éstos pasan al ministro a quien le tocaron los casos inicialmente.

El ministro instructor ya notificó a las partes interesadas para que en un lapso no mayor a 30 días aleguen lo que a su derecho corresponda.

En todos los casos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue notificada para que al rendir su informe respectivo remita al ministro copia certificada de los trabajos legislativos desarrollados por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para la expedición de la norma impugnada, los cuales deberán incluir: la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes del órgano legislativo.

Mientras, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debe enviar al ministro una copia de la Gaceta Oficial en que fue publicada la Constitución.

La demanda de la Presidencia de la República impugna casi los mismos artículos que la PGR, con el argumento de que violan la esfera de competencia del Congreso de la Unión en temas relacionados con salud, educación, derechos humanos, protección de sitios arqueológicos y justicia para menores, entre otros.

El TSJ argumenta que la Carta Magna local viola su autonomía e independencia, e impugna la intervención de particulares en la integración del Consejo de la Judicatura y la creación del Consejo Judicial Ciudadano y sus atribuciones, así como la constitución de un tribunal capitalino que invade atribuciones de la propia Suprema Corte.

Asimismo, entre los artículos demandados por la CNDH ante el máximo tribunal destaca uno que abre la posibilidad de reducir los sueldos de los funcionarios capitalinos.