Las leyes y reglamentos no garantizan la protección de los derechos de los niños frente a la publicidad y al entorno que promueve el consumo de productos nocivos para la salud. Hay un rezago en esta materia en México, y los ordenamientos carecen de contundencia, advierten las abogadas Mónica González e Issa Luna, ésta, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las especialistas son autoras del libro Los derechos de los niños y niñas en México frente al ambiente obesogénico que se presentó ayer en Casa Lamm. Resaltan que el país no se ha sumado a la tendencia internacional ni ha asumido la obligación de regular a las empresas a fin de garantizar, entre otros asuntos, el acceso al agua potable en todo tiempo y lugar, así como alimentos nutritivos y naturales.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea obligaciones sobre el derecho a la salud, así como la necesidad de revertir problemas como el sobrepeso y la obesidad y asegurar el derecho a la información. Sin embargo, señalan González y Luna, las autoridades también debieron fijar limitaciones claras a los derechos de los particulares, en específico a las empresas fabricantes de alimentos y bebidas carentes de nutrimentos, los cuales están asociados al incremento de peso corporal.

Lo anterior es un problema de salud que afecta a una tercera parte de niños y adolescentes en el país, por lo que de acuerdo con las autoras, tendría que haberse incluido la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, así como otros aspectos relacionados con la venta de productos nocivos para la salud.

La presentación del libro contó con la participación de Enrique Jacoby, ex asesor de la Organización Panamericana de la Salud y ex ministro de Salud de Perú; Sofía Charvel Orozco, coordinadora del programa de Salud Pública en la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del ITAM, y Juan Martínez Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En su análisis, las especialistas llaman la atención sobre el marco jurídico mexicano, el cual no se apega a los convenios y tratados internacionales, en específico respecto del ambiente que favorece prácticas de consumo causantes de sobrepeso y obesidad (ambiente obesogénico).

Si bien la responsabilidad del Estado es garantizar la libre competencia entre empresas, también está obligado a asegurar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los consumidores, aseveraron.