Bujumbura.

Alrededor de 3 millones de personas en Burundi se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, denunció este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que advirtió sobre una crisis humana en ese país.

La cifra, que representa más de un cuarto de la población de Burundi, incluye más de un millón en estado severo, dijo Charles Vincent, director del PMA en el país, quien señaló que la sequía ha castigado a ocho de las 18 provincias del país.

“Las cosechas de noviembre y diciembre fueron muy malas; si las lluvias que se esperan para abril y mayo no llegan, Burundi enfrentará una seria crisis hacia julio, pues la gente se ha quedado sin reservas de alimentos.

Las personas están tan necesitadas que he visto a algunas pelear por una caja de cartón vacía para venderla, describió Vincent, y agregó que cerca de 100 mil personas han cruzado hacia Tanzania desde octubre pasado a causa de la violencia política, pero principalmente por el hambre y la pobreza.

La ONU pidió 19 millones de dólares para impulsar la seguridad alimentaria en Burundi, pero sólo ha recibido 3 millones, mientras la atención se centra en la hambruna que afecta a más de 6 millones de personas en Somalia, y en las víctimas de Sudán del Sur, donde los dirigentes políticos saquearon los recursos nacionales y dejaron en manos de la comunidad internacional la crisis del hambre en el país, señalaron en Ginebra expertos de la ONU en derechos humanos.

Alrededor de 5 millones de personas –más de 40 por ciento de la población en Sudán del Sur– enfrenta escasez de alimentos debido a la escalada del conflicto en el país, donde decenas de miles han muerto desde 2013 y casi 3 millones y medio de personas han abandonado sus hogares, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos para Sudán del Sur.

Un pequeño grupo de dirigentes políticos muestra total desconsideración, no sólo por las normas internacionales sobre derechos humanos, sino por el bienestar de su propio pueblo, subrayó Yasmin Sooka, presidenta de la comisión. Denunció que el gobierno ha bloqueado la ayuda enviada a zonas controladas por la oposición.

Los gobernantes han despilfarrado la riqueza petrolera y saqueado los recursos del país, y han dejado a la comunidad internacional a cargo de la provisión de servicios públicos, añadió.