En México, casi la mitad de los periodistas dicen haber sido amenazados alguna vez por su trabajo, lo que ha llevado a muchos a adoptar medidas propias de seguridad, como autocensurarse, ocultar información a colegas de su propio medio –por temor a que se trate de un infiltrado–, limitar su vida personal y cambiar sus rutinas de traslado.

Así lo reveló una investigación realizada por las académicas universitarias Mireya Márquez y Sallie Hughes, que explora la forma en que los periodistas mexicanos tratan de defenderse ante la ola de violencia que enfrenta el gremio, cuya víctima más reciente fue Miroslava Breach, corresponsal de este diario en Chihuahua, asesinada el pasado jueves.

En entrevista con La Jornada, Márquez, quien es investigadora y profesora de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, indicó que ella y su colega Sallie Hughes –de la Universidad de Miami– llevaron a cabo el estudio titulado Worlds of journalism, con base en 377 encuestas a periodistas de todo México, realizadas entre 2013 y 2015.

Entre los principales hallazgos de ese análisis está el hecho de que los comunicadores no recurren a las instituciones para protegerse cuando son amenazados, sino que prefieren adoptar medidas de seguridad de naturaleza pragmática que no necesariamente garantizan su integridad a largo plazo.

De acuerdo con el estudio, 85.3 por ciento de los entrevistados considera que los crímenes contra los periodistas han aumentado mucho, mientras que 84.2 por ciento piensa que ha subido la inseguridad pública en general.

Por otra parte, 40.4 por ciento de los encuestados admitió haber sido amenazado alguna vez. De esa fracción, 75 por ciento dijo haber recibido intimidaciones más de dos veces.

Un dato significativo con respecto a la autoría de los ataques es que 42.8 por ciento de los periodistas le atribuyeron las amenazas a haber publicado notas sobre el crimen organizado, pero 35 por ciento consideran que fue por ventilar temas relacionados con políticos y funcionarios. El restante porcentaje estima que fue una combinación de ambos factores.

Esto significa que no siempre se le pueden atribuir las amenazas al crimen organizado, como ha sido el argumento endeble de las autoridades. Se ha caído mucho en la falacia de que la violencia contra periodistas está necesariamente vinculada a la delincuencia. Es más fácil atribuírselo a ello, porque pueden ser todos y nadie, en vez de responsabilizar a actores sociales y políticos específicos, subrayó la especialista.

Sobre las formas de protegerse ante agresiones y amenazas, 67.4 por ciento admitió que se ha tenido que autocensurar, mientras que 50 por ciento oculta información a colegas no confiables o sospechosos –incluso a los de su propio medio– por temor a que sean infiltrados.

Además, los comunicadores prefieren cambiar sus rutas de traslado, extremar medidas de precaución al usar tecnología, limitar sus actividades personales de ocio, tejer redes de seguridad con amigos y familiares, abstenerse de decir cuál es su profesión y acompañarse con otros colegas para acudir a ciertas coberturas riesgosas.

Por el contrario, sólo 5.9 por ciento dijo tener confianza en la policía, frente a 73.5 por ciento que afirmó tener poca o ninguna confianza. De igual manera, únicamente 10 por ciento confía en el sistema judicial. De 377 encuestados, sólo 7 acudieron a las autoridades para denunciar las amenazas, lo cual nos habla de una gran desconfianza.

Si los comunicadores no confían en las autoridades, estamos en una situación trágica, porque dejamos la responsabilidad de salvaguardarse a las propias víctimas potenciales de la violencia, lamentó la investigadora.

Otros aspectos menos visibles pero igualmente importantes en el estudio de Márquez y Hughes, son que más de un tercio de los entrevistados tienen otra actividad remunerada, además del periodismo, y que sólo un tercio labora en un solo medio, lo cual demuestra la precariedad laboral de la mayoría de los comunicadores, quienes de esta manera no pueden profundizar en sus temas.

El panorama no es nada alentador, pero lo bueno es que los periodistas pueden ver en ello una excelente oportunidad para organizarse, pedir capacitación en seguridad, vincularse con organizaciones de otros países y exigirle a las autoridades que actúen para frenar la violencia contra el gremio.