Por segundo día consecutivo, diversas organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos exigieron a las autoridades mexicanas que lleven a cabo una investigación profesional y exhaustiva sobre el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, para evitar que los perpetradores queden impunes.

En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por el hecho de que ya hayan sido asesinados tres comunicadores en el país tan sólo en lo que va de marzo, en referencia a Cecilio Pineda (ejecutado el día 2, en Guerrero), Ricardo Monlui (19, en Veracruz) y la propia Breach (23).

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que el gobierno del país debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas que trabajan en condiciones peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes, pues de lo contrario sería como tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra.

Por su parte, la Oficina en Wa-shington para Asuntos Latinoamericanos exigió al gobierno de México que tome medidas inmediatas para frenar los ataques contra periodistas, investigar los delitos y sancionar adecuadamente a los responsables.

Desafortunadamente, la impunidad sigue siendo la regla general para ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en México. Pero el despliegue de violencia en los hechos recientes incrementa la urgencia de mejorar los mecanismos de protección y entregar avances concretos de las investigaciones, añadió la organización.

En el mismo sentido, el Comité para la Protección de los Periodistas se sumó a la exigencia de que las autoridades mexicanas investiguen y erradiquen la ola de violencia contra los comunicadores, que amenaza el derecho ciudadano a recibir información vital y daña a la democracia mexicana al limitar el debate público.

Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, afirmó que el asesinato de Miroslava Breach afecta a toda la sociedad, pero sobre todo a los colectivos de la sociedad civil que han luchado por el respeto a la libertad de expresión, una de las bases de la democracia.

Es muy lamentable que cuando una persona se compromete por la verdad se vuelva un frente muy fácil de agredir. Tiene que hacerse una investigación clara, contundente y transparente para encontrar a los responsables de los hechos, subrayó.

Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, consideró que el homicidio de la corresponsal de La Jornada vuelve a demostrar que el Estado mexicano tiene una gran deuda con periodistas y defensores de derechos humanos, en cuanto a la salvaguarda de su vida y su seguridad.

El asesinato de Miroslava Breach debe significar un cisma en las conciencias sobre lo que está ocurriendo. No es normal, no se puede normalizar el homicidio de periodistas y defensores de derechos humanos. De seguir así, nos dirigimos hacia tiempos oscurantistas y de tribulación, concluyó.