El 2016 no fue un buen año para los derechos humanos, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas patentizó la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Demandó entonces rectitud moral, legal y política.

Al amparo del cargo, denunció el ombudsman Luis Raúl González Pérez, algunos servidores públicos cometieron delitos y abusos, la mayoría aún sin castigo, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecieran ser la constante.

Por ello, la sociedad percibe el cumplimiento y aplicación de la ley como algo discrecional, objeto de negociación y vía para concretar intereses particulares, y se ha minado la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de las normas legales.

Con estas afirmaciones inició ayer su mensaje ante el presidente Enrique Peña Nieto, al entregar su informe de labores correspondiente a 2016. También afirmó: en varias partes del país no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica.

La violencia y la delincuencia generaron desplazamiento forzado, ejercicio de la justicia por propia mano y se empezó a asumir, como parte de nuestra normalidad, los homicidios, desapariciones forzadas, la extorsión, secuestros y robos, entre otros delitos.

Apuntó además: hacer una ley para regular la acción policiaca de las fuerzas armadas no implica la solución a la inseguridad, la violencia y la falta de acceso a la justicia. Su participación en tareas vinculadas a la seguridad no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado.

La expresión suscitó uno de los varios aplausos para el ombudsman de los representantes de organismos de derechos humanos convocados a Los Pinos. Los militares, dijo, deben volver a los cuarteles cuando así lo permitan las condiciones del país, pero bajo un programa gradual y verificable.

Una ley en esa materia no debe propiciar que se restrinja o limite el legítimo ejercicio de derechos tales como la protesta social o la libertad de tránsito, entre otros. Y se daría una clara muestra de empatía con las víctimas, reconocer también la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir peticiones individuales, así como legislar sobre desplazamiento forzado interno.

Frente al nuevo panorama para la migración en Estados Unidos, González Pérez pidió mayor protección a los mexicanos que hoy son víctimas de un discurso de odio. Demandó además cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH.

Describió también el fenómeno de los menores migrantes, cuyos derechos no han sido debidamente garantizados, en un problema no suficientemente visibilizado ni atendido.

Contra la corrución

Es la hora de un cambio ético en la vida institucional y pública, llamó. Se debe combatir de manera real, y no sólo formal, la impunidad y la corrupción, con todo lo que ello implica.

Las autoridades deben asumir “que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia, solidaridad y compromiso.

Es tiempo para rencauzar la vida nacional por un camino de rectitud moral, legal y política que ponga por delante los valores de la civilidad y la responsabilidad, pues el cumplimiento de la ley debe ir aparejado con el comportamiento ético y ejemplar de los servidores públicos, subrayó.

Para González Pérez, el año pasado persistieron la tortura, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones, hechos frente a los cuales el acceso a la verdad y la justicia sigue siendo una mera aspiración para los familiares, quienes han sacado a la luz la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, delineando así una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en México.

Advirtió que se prevé en el futuro nuevos hallazgos, y demandó tratar con sensibilidad y compromiso las denuncias sobre desaparición, y con conocimientos técnicos, científicos y especializados, cada nuevo enterramiento furtivo.

Tampoco hubo, añadió, mejoras sustantivas en el sistema penitenciario. Y sobre la violencia de género, refirió algo dolorosamente claro: ser mujer en México es razón suficiente para sufrir agresiones, violencia e incluso la muerte.

El gobierno está decidido a atender las recomendaciones, afirma el Presidente

Rosa Elvira Vargas

Frente a la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que no es lo más deseable mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad ni promulgar una ley para regular esa actividad, el presidente Enrique Peña Nieto insistió ayer en su llamado a atender la demanda de aprobar una norma jurídica para dar certeza al actuar de los cuerpos militares en el combate a la delincuencia.

Argumentó: es un tema relevante, porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos.

Al responder al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien entregó su informe de labores 2016, el jefe del Ejecutivo hizo, por segunda vez en esta semana, un reconocimiento público a las fuerzas armadas: ellas han asumido la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado, subrayó.

Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, estuvieron ausentes en la ceremonia y no enviaron a nadie en su representación.

El informe del ombudsman, dijo Peña Nieto, es un recordatorio de los retos persistentes en el país en materia de derechos humanos. Respondió entonces a la queja de aquel sobre el insuficiente incumplimiento a las recomendaciones de la CNDH.

El gobierno, aseguró el mandatario, está decidido a atenderlas, y cada instancia receptora de una recomendación revisará las causas, elaborará un plan de trabajo para su acatamiento y reportará además los avances a la Secretaría de Gobernación para darlos a conocer antes del próximo informe anual de la CNDH.

Para Peña Nieto y el ombudsman, el respeto a los derechos humanos está ligado a la oportuna observancia y aplicación de la ley por instituciones fuertes.

La impunidad lastima y violenta a la sociedad; erosiona nuestros valores compartidos y mina la convivencia pacífica. Un país sin instituciones fuertes es vulnerable y queda desprotegido frente al delito y la violencia, expresó también.

Ubicó en cinco los temas más importantes en materia de derechos humanos: en primer término, las agresiones a defensores de derechos humanos y a periodistas.

Habló enseguida de la desaparición forzada y el derecho a la verdad, a la memoria de las víctimas y a mitigar la aflicción y la angustia de sus familias con el esclarecimiento de los hechos. Agradeció al Congreso trabajar en la elaboración de una ley que contribuya a poner un alto a este aberrante delito.

Luego refirió la necesidad de velar por los derechos humanos de los migrantes, sobre todo cuando retornan al país, y de los programas oficiales para proporcionarles condiciones dignas e incorporarlos a tareas productivas.

Pasó entonces a la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes y a la determinación de generar una política de Estado en la materia. Por último, enfatizó en lo relativo a la violencia de género. Es, dijo, una estrategia prioritaria y permanente dar a las mujeres el ejercicio de una vida libre de violencia