México observa con grave preocupación los recientes acontecimientos que han traído deterioro en la normalidad democrática de Venezuela, expresó el presidente Enrique Peña Nieto.

El país, dijo, no puede permanecer indiferente y por ello ha promovido, en el contexto de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sean los propios hermanos venezolanos, a través del diálogo, quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia.

Se refirió entonces a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional (Congreso) de esa nación, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa.

Durante la ceremonia en Los Pinos sobre el informe 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante buen número de integrantes de su gabinete –entre ellos el canciller Luis Videgaray–, el jefe del Ejecutivo cerró su discurso con un tema de la coyuntura internacional, referido también, puntualizó, a la asignatura de las garantías individuales.

El respeto a los derechos humanos obliga, indicó Peña Nieto, a defender la democracia y sus instituciones, la democracia representativa que reconoce la pluralidad de una sociedad y de su diversidad.

La indiferencia de México no puede darse, añadió Peña Nieto, como tampoco lo hicimos en 2002 cuando se intentó de manera ilegítima derrocar al gobierno constituido para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela.

En esa misma línea, dijo haber instruido a la cancillería para hacer nuevamente valer la postura mexicana en espacios como la OEA y otros foros, con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con entrañable cariño al pueblo venezolano.

Cerró el tema haciendo votos por que a través del diálogo de buena fe en el país sudamericano se recupere muy pronto y a plenitud el orden democrático.

El jueves pasado, el máximo tribunal de Venezuela anunció la decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional por estar en desacato, lo que fue calificado por la mayoría opositora en el Parlamento unicameral como un golpe de Estado.