l titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Nájera, admitió implícitamente ayer la inoperatividad de esa dependencia al señalar que de 48 casos de periodistas asesinados que han sido atraídos por esa instancia sólo se ha logrado sentencias condenatorias contra tres personas.
En el menos peor de los escenarios esto significaría que en los atentados mortales en contra de informadores en México prevalece la impunidad en más de 90 por ciento; la realidad, sin embargo, es que tales crímenes suelen ser el desenlace de conspiraciones en las que participan varias personas y obra de matones a sueldo, por lo que cada uno de esos homicidios suele tener, entre autores intelectuales y materiales, varios culpables.
Tales índices de impunidad revelan una denegación sistemática de la justica y con ello, en los hechos, una ruptura del estado de derecho. Porque, ciertamente, la procuración e impartición de justicia no pueden limitarse a abrir carpetas de investigación y a establecer contactos entre instancias federales y estatales, como pretendió argumentar la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías. Tales medidas son mera burocracia vacía si no desembocan en la identificación, localización, captura, imputación y presentación de los presuntos culpables ante los tribunales.
Si los reiterados homicidios de informadores han evidenciado la inoperancia del mecanismo gubernamental de protección a periodistas, lo dicho por Nájera y por Herrerías deja ver la indolencia y la incapacidad de la PGR y de las procuradurías estatales para esclarecer las agresiones mortales correspondientes y para armar expedientes acusatorios sólidos y bien fundamentados.
Ciertamente, la situación de indefensión y de denegación de derechos básicos en que se traduce la incompetencia referida no afecta única ni principalmente a periodistas, sino al conjunto de la población.
No es de extrañar que en estas circunstancias se haya presentado en el Parlamento Europeo una petición para congelar
las relaciones comerciales con México ni que los asesinatos de informadores y la recrudecida violencia que padece el país sean vistos con horror y escándalo en el extranjero.
Lo cierto es que, a pesar del optimismo del discurso oficial, las autoridades de todos los niveles incumplen sus obligaciones de preservar la seguridad pública y garantizar el derecho a la vida de los habitantes, periodistas o no, y que no hay sociedad capaz de soportar tal situación de manera indefinida.
