La liquidación de los trabajadores de Mexicana de Aviación representa en este momento alrededor de 12 mil millones de pesos, resultado de la explotación que otras aerolíneas siguen haciendo de los más de 2 mil 400 slots que tiene asignados en México y Estados Unidos, y no los 138 millones que se anunciaron con bombo y platillo, denunció el abogado de los trabajadores, Joaquín Ortega Esquivel.

Detalló que los horarios de aterrizaje y despegue que usan aerolíneas mexicanas, especialmente en Estados Unidos, siguen a nombre de Mexicana y fueron protegidos desde el inicio del concurso mercantil por el juez que tuvo conocimiento del caso, Felipe Consuelo Soto.

Aseguró que la asignación de slots a las aerolineas nacionales que ahora las explotan fue sólo para dar continuidad al servicio, pero son de Mexicana, las empresas que los usan vuelan a Estados Unidos con matrícula de Mexicana; se trata de bienes intocables y forman parte del patrimonio de los trabajadores.

Sólo de salarios, 138 mdp

El abogado puntualizó que el pago a los trabajadores de Mexicana de Aviación ordenado por un juez y anunciado como liquidación, corresponde en realidad a salarios devengados entre el 28 de agosto y el 25 de noviembre de 2010, solo tres meses ya que a partir de entonces se determinó topar el salario de los trabajadores que siguieron formalmente laborando, en 10 mil pesos, y los trabajadores que ganaban más tenían la diferencia entre su salario y el tope como adeudo contra Mexicana.

Destacó que entre las múltiples irregularidades cometidas contra los trabajadores se suma que “durante seis años, los ingresos de Mexicana de Aviación obtenidos por la administración de almacenes fiscalizados, por cobro de adeudos, incluso adeudos gubernamentales, que llegaban a más de 3 mil 200 millones de pesos, se utilizaron en la ‘administración’ de la empresa. Cuando la sindicatura fue obligada por la sentencia de quiebra a vender a toda costa los activos tangibles de la empresa, logró acumular una suma que representa aproximadamente 40 por ciento de las diferencias de salarios devengados durante cuatro meses”.

El representante legal de los trabajadores denunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado un manejo político a este caso, y ha dejado de lado el derecho humano de los trabajadores a cobrar sus liquidaciones con todos los bienes de la empresa.