n su comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Kurt Tidd, lanzó una amenaza de intervención militar contra Venezuela, que podría concretarse en el transcurso de un año. De acuerdo con el máximo mando castrense de Estados Unidos en la zona de Centro, Sudamérica y el Caribe, en los próximos meses la nación petrolera experimentará escasez de alimentos y medicinas, así como incertidumbre política y una situación económica en deterioro, por lo que la creciente crisis humanitaria podría obligar a una respuesta regional. La cancillería y el Ministerio de Defensa venezolanos reaccionaron a las declaraciones del almirante con un comunicado conjunto en el cual se denuncia la puesta en marcha de un plan para socavar la integridad territorial de Venezuela y deponer al gobierno constitucional.

La declaración del almirante, emitida durante la entrega del Informe de posición –sesión en la cual los mandos militares solicitan recursos al Congreso y dan cuenta de los desafíos regionales– se produce en un clima internacional ya enrarecido por la persistente guerra propagandística que los grandes medios globales mantienen contra el presidente Nicolás Maduro, así como por el golpeteo político que tiene lugar en la región desde el giro a la derecha experimentado con el triunfo electoral de Mauricio Macri, en Argentina, y el golpe de Estado parlamentario que depuso al gobierno democráticamente elegido de Dilma Rousseff, en Brasil. A estos esfuerzos desestabilizadores contra Venezuela se ha sumado en meses recientes la ofensiva diplomática coordinada por el presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha desvirtuado la función legal de ese organismo para convertirlo en mera correa de transmisión de la voluntad del gobierno estadunidense.

Si a los elementos anteriores se suma la consideración de que la poco velada amenaza de intervención militar se haya producido el mismo día en que Estados Unidos realizó un bombardeo masivo contra instalaciones militares del gobierno sirio, queda claro que se está ante la vuelta o el recrudecimiento de las peores prácticas de la superpotencia en su conducción de las relaciones internacionales, con base en la coacción, la indiferencia al principio de autodeterminación, la aplicación extraterritorial de las leyes, el atropello impune a la soberanía del resto de las naciones y, en suma, la consuetudinaria violación del derecho internacional.

Las amenazas de recurrir al uso de la fuerza para imponer lo que Washington entiende como los intereses de esa nación deben ser rechazados en los términos más enérgicos, no sólo porque resultan en sí mismas contrarias a las más elementales formas de la diplomacia, sino porque lanzan sobre toda la región la ominosa memoria de los regímenes autoritarios que, con el respaldo de Estados Unidos, asolaron a Latinoamérica durante buena parte del siglo pasado.