mpresarios de la construcción en Chilpancingo exigieron poner un alto a los moches que practica la autoridad para que les otorguen obras. Saben, desde luego, de lo que hablan. Juan Farril Herrera, miembro honorario de la Comisión Consultiva de Guerrero, puntualizó que existe una serie de obstáculos y excesos en la designación de obras en la entidad, a consecuencia, sobre todo, de que no se ha renovado el plan director de cada localidad.

En respuesta a la exigencia de los empresarios, se decidió que por medio de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se realicen foros, a fin de adecuar las leyes de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211 y de Obras Públicas y Servicios del Estado número 266, para tener una legislación eficaz en la entidad. Habrá que subrayar, no obstante, que de nada servirá actualizar el aspecto legal si no se respeta. Nadie podrá aducir que los vicios actuales se practican porque no hay ley que lo prohíba y lo que no está prohibido está permitido. Existe una ley de responsabilidades de los servidores públicos que precisamente les impide conducirse en la forma que lo hacen.

Los empresarios olvidan mencionar algo de lo cual también se quejan: las cuotas que les exige el crimen organizado por permitirles ejecutar las obras. Nada dijeron de eso, tal vez por miedo, porque el moche no repercute en sus finanzas o porque estimaron inútil hacerlo, pero lo más seguro es que si tienen que pagar a los funcionarios públicos para obtener contratos y a la delincuencia para que los deje realizar la obra, ese dinero que pagan repercute en la calidad y el costo de los trabajos, además es una práctica ilegal y por lo tanto debe castigarse.

Pero si los empresarios no presentan denuncia penal es porque les conviene manejar la situación de esa manera, cayendo en la legalidad tanto el que pide como el que da. Se trata, pues, de valores entendidos, asunto en el que el empresario quiere resolver sin arriesgarse a vérselas con la autoridad ni enfrenrtar riesgos.