Las calificaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que hayan sido modificadas irregularmente serán borradas por las autoridades y serán adjudicadas las notas que el profesor asignó originalmente, de acuerdo con el abogado general de la casa de estudios, David Cuevas.

El funcionario explicó lo anterior esta semana a representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), luego de que los alumnos le plantearon a él y al director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, sus inquietudes respecto de los cientos de calificaciones modificadas en el Sistema de Administración Escolar (Saes) del instituto, algunas a cambio de dinero.

De lo que nosotros hasta ahora hemos encontrado, les diríamos que en el diálogo con los alumnos (que tienen calificaciones modificadas) una primera determinación sería que se queden con la calificación anterior, explicó Cuevas a la AGP.

Las notas de los estudiantes serán las originales, y en cuanto a los que pagaron para que se hiciera el cambio, el IPN sólo ofrecería algún acompañamiento para quienes deseen entablar un reclamo contra los responsables.

Estudiantes consultados han referido que en meses pasados hubo quien ofreció a los politécnicos de licenciaturas y bachillerato cambiar, mediante un pago, las calificaciones de exámenes extraordinarios. En el instituto se habla de que en el Saes –un sistema electrónico al que sólo se tiene acceso con contraseñas y filtros de seguridad informática– se han detectado más de 3 mil movimientos irregulares. Estas anomalías son investigadas, de acuerdo con el director Fernández Fassnacht, quien ha señalado que se realiza una auditoría a dicho sistema, en el que se han encontrado vulnerabilidades desde 2015.

Las autoridades aún no han confirmado si en las modificaciones y venta de calificaciones han estado involucrados profesores o trabajadores del IPN afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si hay funcionarios inmiscuidos o si los responsables no pertenecen a la comunidad politécnica. El abogado general indicó a la AGP que, de ser así, la legislación de la casa de estudios considera sanciones que podrían llevar a la destitución del personal que participó en las alteraciones.