n la mañana de ayer una colisión entre un autobús turístico y una pipa de gasolina de doble remolque, ocurrida en el kilómetro 300 de la Autopista Siglo XXI, dejó un saldo trágico de 24 personas muertas y otras nueve lesionadas, tanto por el impacto como por el incendio que se generó como consecuencia. La magnitud y el alcance de este accidente –más mortífero que muchos de los atentados que tienen lugar en Europa y Estados Unidos– no debiera opacar la exasperante frecuencia con la que los vehículos de carga con peso y dimensiones excesivos se ven involucrados en situaciones fatídicas en las autopistas, carreteras y calles del país. Se calcula que 53 mil personas murieron en percances en los que participaron de manera directa o indirecta camiones de ese tipo.
Cuando se habla de exceso, es importante tener en cuenta que el peso máximo permitido en México para los camiones de carga es de 66.5 toneladas, frente a las 63 admitidas por las autoridades canadienses, las 40 que permiten las leyes de la Unión Europea y las 36.3 como tope máximo en Estados Unidos. Nuestro país tiene también la permisividad más laxa en lo que se refiere a la longitud máxima de los autotransportes de carga: 31 metros, contra 25 de Estados Unidos y Canadá y 20 de la Europa comunitaria. En síntesis, aquí se permite la circulación de camiones más voluminosos y más pesados que en lugares que cuentan con redes carreteras de mucha mayor calidad.
Para colmo, según cifras de una de las organizaciones de transportistas del país, ocho de cada 10 camiones de doble remolque (se estima que operan unos 250 mil en todo el país) no cumplen con las normas de peso y tamaño, y las autoridades (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y Policía Federal) carecen de las básculas necesarias para verificar el peso.
Los peligros de semejante laxitud reglamentaria se multiplican si se considera el régimen laboral abusivo y extenuante en el que deben desempeñarse los conductores de esas unidades, y que con frecuencia los lleva a operar en condiciones de desvelo y cansancio, e incluso a la ingesta de sustancias enervantes para poder cumplir con las obligaciones que les exigen sus patrones.
Aunque desde 2010 se ha pedido la proscripción de vehículos de carga con esta configuración, el Poder Legislativo no ha podido o no ha querido hacer frente a la vasta red de intereses económicos que se oponen a ella, en tanto que la SCT se ha desentendido del asunto.
Es inaceptable y degradante que se siga anteponiendo el beneficio monetario de grupos empresariales del autotransporte de carga a la seguridad y la integridad física de quienes transitan por autopistas, carreteras y calles del país. La modalidad del doble remolque debe ser prohibida o, cuando menos, drásticamente acotada en tamaño y peso.
