A marchas forzadas gobierno, organizaciones civiles y legisladores preparan el dictamen hacia la construcción de la primera ley de desaparecidos en México. El objetivo de las partes involucradas es lograr prácticamente un milagro: dictaminar y votar la citada ley en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, el cual concluye el 30 de abril, por lo que deberá concretarse en apenas dos semanas.

Este lunes, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y de la Procuraduría General de la República (PGR) se proponen resolver el sentido y recursos de las nuevas políticas públicas que surgirán de la ley en construcción. Hasta el miércoles pasado no había consenso en varios puntos. Existe, sin embargo, el acuerdo de que la comisión nacional de búsqueda quede bajo la coordinación de Gobernación, indicaron fuentes consultadas.

El primer proyecto, en su momento denominado ‘‘ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas’’, fue elaborado en octubre de 2015 para atender la problemática que en ese momento se reflejaba en una lista de alrededor de 25 mil personas ‘‘no localizadas’’.

Prioridad: Campa

El objetivo, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa, es prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. ‘‘El problema de los desaparecidos es la prioridad, el objetivo número uno, para Gobernación’’, dijo. Estamos trabajando, agregó, en el diseño de las nuevas políticas públicas. ‘‘La idea es terminar con esto el lunes (17 de abril) e ir con base en ello a la última etapa de negociación con el Senado y con las organizaciones (civiles)’’.

En tanto, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, dijo que las dependencias federales involucradas están discutiendo el borrador y esperaba les hicieran llegar las observaciones este lunes para así citar a reuniones de comisiones inmediatamente.

Con esta ley, sostuvo la senadora perredista, se podrán sancionar las desapariciones de personas ocurridas en la denominada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80. Ello, subrayó, será posible porque el delito de desaparición forzada de personas ‘‘es imprescriptible’’, y en eso estamos de acuerdo todos, incluidas las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.