Caracas.

Delcy Rodríguez, ministra venezolana del Exterior, acusó este martes a un grupo de gobiernos de América Latina, entre ellos México, Colombia, Argentina y Brasil, de violentar las leyes internacionales para apadrinar el intervencionismo en su país, luego de que pidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

El grupo de países, que incluye además a Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Uruguay, había pedido horas antes a las autoridades de Venezuela impedir cualquier acto de violencia en contra de manifestantes y lamentó la muerte de seis personas durante las protestas en días recientes.

A un día de la gran protesta convocada por la oposición, los países emitieron un comunicado en el cual llamaron al gobierno venezolano a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, después de que Maduro anunció que ampliará la milicia nacional, cuerpo de apoyo a las fuerzas armadas conformado por civiles, a quienes garantizó la entrega de un arma.

También exhortaron a la oposición a ejercer con responsabilidad su derecho a manifestarse, y contribuir a que la jornada de mañana, en la que marcharán también los oficialistas, sea pacífica.

Enseguida, la canciller Rodríguez expresó su total rechazo a la declaración del grupo. “Esos gobiernos –la mayoría en manos de partidos de derecha– se pronunciaron de manera injerencista sobre los asuntos de Venezuela y apoyan a los sectores que promueven la violación de los derechos humanos”, sostuvo.

Por medio de varios mensajes en Twitter, calificó de vulgar el doble estándar y la selectividad política de estos gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición venezolana, y los tildó de ejemplos de la doble moral que invade el continente.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se declaró preocupado por la militarización de Venezuela en medio de la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país, e hizo un exhorto a la prudencia. Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana. Un llamado a la cordura, publicó en un tuit.

A su vez, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo un llamado a proteger el derecho del pueblo venezolano de exigir democracia y libertades, y subrayó que ese derecho debe ser reconocido por todos y el gobierno no debe ser un obstáculo.

Indicó que las “manifestaciones pacíficas son un instrumento de paz, democracia y libertad. Por ello, el 19 de abril, los derechos del pueblo –sean jubilados, estudiantes, amas de casas o trabajadores– deben prevalecer sobre cualquier lógica de política represiva”.

También la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, exigió a las fuerzas armadas el cese de la represión durante las marchas convocadas por el oficialismo y los antichavistas, en un comunicado pidió a ambos grupos que actúen apegados a la Constitución y del lado del pueblo.

El presidente del Congreso, Julio Borges, descartó que el exhorto represente un llamado a la rebelión y sostuvo que lo que exigen a los militares es simplemente que cesen los abusos.

En este contexto, una corte penal de Caracas ordenó la detención preventiva de dos dirigentes juveniles opositores quienes, según su defensa, son acusados injustamente de actos violentos en una protesta antigubernamental y han sido víctimas de tortura por las autoridades.

El Tribunal Supremo de Justicia informó que la detención se hizo a solicitud de la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de instigación pública y agavillamiento.

Los jóvenes, de 22 años y militantes del partido Primero Justicia, fueron detenidos el jueves pasado y según la acusación capturados en flagrancia cuando lanzaban piedras a una patrulla durante una protesta, indicaron sus abogados.

Al cierre de esta edición el estadunidense Departamento de Estado llamó al gobierno venezolano no reprimir a manifestantes opositores.