Es la sociedad la que ha debilitado los controles formales para cerrar las puertas a la corrupción, aseveró el comisionado de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla Craviotto.

Agregó que la opinión negativa que la ciudadanía tiene de las corporaciones policiacas, que entraron en crisis a partir de que los índices de corrupción se elevaron, se basa más en la percepción que en la vivencia personal.

El funcionario participó en los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, donde ayer se debatió en torno al tema de seguridad. En ese contexto, defendió la labor policiaca y enfatizó que las corporaciones estatales deben fortalecerse para mejorar la estrategia contra la delincuencia.

Me llama la atención que cuando se habla de corrupción, todo mundo volteamos a ver a las corporaciones o a las instituciones, pero no nos volteamos a ver como sociedad, que ha empujado, que ha construido estos caminos para debilitar los controles formales y con eso abrir la puerta. (En los litigios, por ejemplo) la subcultura del pago de copias y la de agilizar los procesos en los juzgados son parte de la corrupción, pero que nadie las voltea a ver con la severidad con la que se ve a una persona uniformada en nombre del Estado relajando sus controles sociales.

Al final, en entrevista, aseveró que las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de elementos policiacos en el contexto de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado les han servido como lección.

Cada recomendación ha sido atendida y es una nueva lección de lo que tenemos que modificar, de lo que tenemos que apuntalar como prioritario en el actuar de las instituciones. Nosotros creemos con firmeza que hoy el respeto de los derechos humanos es el requisito para que un delincuente pueda pagar ante la justicia, y si no actuamos conforme a derecho, a lo que exige el cuidar y salvaguardar las garantías básicas aun de los delincuentes, corremos el riesgo de que alguna situación de carácter legal evite nuestro propósito.

En su turno, Patricia González Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ex procuradora de Chihuahua, señaló que las autoridades federales y estatales, incluido el presidente de la República, han carecido de voluntad política para dar paso a la fiscalía general de la República, que de acuerdo con la reforma constitucional de 2008, sustituiría a la Procuraduría General de la República (PGR).

Este aplazamiento, subrayó, pone en riesgo la credibilidad de los sistemas de justicia y anticorrupción, y el país no ha transitado con pasos firmes al sistema judicial acusatorio, de transparencia y rendición de cuentas.

¿Por qué no tenemos consolidada aún la reforma constitucional, si ésta fue desde 2008? Porque faltó voluntad política y un diseño institucional de políticas públicas que permitieran ir gradualmente haciendo desaparecer ese gran monstruo que es la PGR. Y digo que lo es porque dentro de ésta hay prácticas inquisitoriales, corruptas y prácticas de violaciones a derechos fundamentales. Ahí está la médula del problema: no podemos avanzar porque no se quiere destruir una institución del Ministerio Público de la Federación que ya no sirve.

El rector de la Universidad Naval, el almirante Luis Orozco Inclán, indicó que la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar estabilidad, integridad, soberanía y lograr los objetivos nacionales.

Sin embargo, acotó, a este concepto se han sumado otros como la seguridad pública y la seguridad interior. La primera está enfocada a salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, mientras la segunda no está definida en ningún documento aprobado por el Congreso.

Por ello llamó al Congreso a definir en una norma legislativa las acciones que deberán cumplir las fuerzas armadas, pues hoy participan en las labores contra la delincuencia.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Guillermo Ortiz Mayagoitia coincidió en que la seguridad es el valor fundamental de lo jurídico y fin esencial del Estado. Sin embargo, las cifras que indican que en el país hay más de 29 mil personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60 mil desplazados muestran que se ha roto con este valor.