a próspera constructora española OHL es nuevamente acusada, junto con otras firmas empresariales, de participar en actos de corrupción para financiar, a título de comisiones subterráneas, las actividades partidistas y las campañas electorales de una parte del grupo en el poder y, al mismo tiempo, para engrosar las cuentas personales de los políticos dominantes. Gracias a esos arreglos mafiosos, el partido involucrado pudo lograr triunfos electorales, según el expediente de indagaciones. En el revoltillo de intereses oscuros, empresariales y políticos, también aparecen directivos (ya en calidad de investigados) de un diario apegado a esos grupos beneficiarios, La Razón.

Ahora, fuerzas policiacas han aprehendido a una franja de esos involucrados, entre ellos quien fue presidente, detenido en la capital del país, a quien se responsabiliza de ganar comicios y de ayudar a ganar otros, merced a estas transferencias delictivas de recursos. Además, se ha intervenido físicamente en oficinas de OHL y de otras compañías presuntamente partícipes, en busca de más pistas y pruebas respecto de operaciones fraudulentas.

No se habla, en los párrafos anteriores, de la vertiente mexicana de OHL (en la que Emilio Lozoya Austin fue miembro del consejo de administración antes de que Peña Nieto lo hiciera director de Pemex, ahora mencionado en el expediente Odebrecht) ni de las múltiples acusaciones de contubernio con funcionarios mexicanos como el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pillado, al igual que otros personajes de la alta burocracia, en pláticas telefónicas sugerentes de arreglos de corrupción, en el contexto de la privilegiada asignación de obras públicas y de beneficios para los otorgantes. Tampoco se habla del presidente de México, sino de Ignacio González, quien fue presidente de la Comunidad de Madrid. Y el partido beneficiado con dinero sucio para campañas electorales y actividades políticas en general es el derechista Partido Popular, que tiene a Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España desde 2011.

Según el juez y la fiscalía anticorrupción que llevan el caso en España (en el contexto de la llamada Operación Lezo), hay fundadas sospechas de que hubo dinero de origen irregular en las elecciones autonómicas de Madrid realizadas en 2011, en las que Esperanza Aguirre refrendó su mayoría absoluta desde el Partido Popular. En especial, se ha puesto la lupa a las operaciones financieras realizadas en el Canal de Isabel II, la empresa pública que administra lo relacionado con recursos hídricos en la comunidad de Madrid.

Las barbas cortadas en la península ibérica deberían poner las suyas a remojar a los practicantes en América de similares maniobras, en especial en México. OHL constantemente ha estado, acá, en la parcelación oscura relacionada con actos de corrupción, con especial anuencia del grupo mexiquense que controla negocios y comisiones en el estado de México y en el gobierno federal. Hay incluso, en el actual escándalo hispano, un dato en el que aparece una referencia a México, en una nota en El Español, que señala: “Según la tesis de los investigadores, el pago estaría destinado –por medio de testaferros– al ex presidente autonómico Ignacio González y responde a una comisión por el contrato millonario del tren de Navalcarnero, otorgado por la Comunidad de Madrid a la empresa de Juan Miguel Villar Mir. Según las mismas fuentes, los fondos para la presunta mordida se transfirieron desde una filial de OHL en México y han supuesto la calificación como investigado del empresario Javier López Madrid” (https://goo.gl/dLosQu).

El diario digital Bez, por su parte, señala que “uno de los efectos colaterales de la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado por una larga lista de delitos, fue la imputación –ahora se denomina ‘investigados’– al presidente y al director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda”, acusados de coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no avanzara en la denuncia y consignación de los hechos ahora conocidos ( la corrupción política toca la primera playa mediática, La Razón, https://goo.gl/5zjccR ). El diario La Razón pertenece mayoritariamente al Grupo Editorial Planeta, asegura Bez.

La empresa productora y distribuidora de pinturas y otros materiales de construcción Comex ha hecho llegar a esta columna las siguientes precisiones: 1) Luis Antonio Vázquez Mota no tiene ni ha tenido cargo alguno en la empresa. El señor Vázquez Mota es uno de los más de 750 empresarios independientes con los que Comex tiene un contrato de concesión para la distribución de sus productos, y, 2) Josefina Vázquez Mota no es y nunca ha sido accionista de Comex.

Las aclaraciones de la empresa dan respuesta a las versiones periodísticas, reproducidas en esta columna el pasado miércoles, respecto de presuntas inversiones de Josefina Vázquez Mota en Comex y el papel directivo de uno de sus hermanos. Por otra parte, sigue en espera de resolución el hecho de que, como se consignó en la columna mencionada, el propio Luis Antonio Vázquez Mota, “otros hermanos y el padre de la panista (están involucrados) en hechos que a juicio de la Procuraduría General de la República pueden constituir delitos relacionados con lo que se abrevia como ‘lavado de dinero’”. Y, desde luego, falta saber el destino real de los más de mil millones de pesos que recibió Josefina para supuestos programas de ayuda a paisanos en Estados Unidos.

Y, mientras se ha producido un ataque a tiros en París, con saldo de un policía muerto, a tres días de la reñida y trascendente elección presidencial en Francia, ¡hasta el próximo lunes, con Donald Trump anunciando que en dos semanas definirá los cambios que desea hacer en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte!

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