Las disposiciones publicadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para crear la Fiscalía Anticorrupción es un albazo al procedimiento de selección del nuevo titular de esa instancia, con el objetivo de presionar al Senado, señalaron integrantes del Colectivo #Fiscalía que Sirva, la cual agrupa a más de 20 organizaciones.

Insistieron en la necesidad de una reforma constitucional y legal que dote de plena autonomía a esta instancia y, con ello, impedir a futuro el uso político de casos relevantes.

En entrevista, Layda Negrete consideró muy preocupante que se vea viable combatir la corrupción sin la estructura institucional y la normatividad que proteja la autonomía de los fiscales especiales. “Es un movimiento distractor –la publicación– porque lo primero que se requiere es plena autonomía; es pretender hacernos creer que puede haber delitos tan complejos y políticamente cargados que sólo pueden resolverse con un procurador que es empleado del Presidente”.

Negrete señaló que el colectivo señala que no pueden desvincularse los cambios legales que involucren tanto a la Fiscalía General de la República como al titular del organismo. La decisión de la PGR parece quitarle seriedad a los alcances de la fiscalía anticorrupción, sin entender que bajo el marco legal actual no sería más que un membrete y un funcionario que en realidad no podrá combatir a fondo la corrupción.

En días pasados, en un pronunciamiento del Colectivo #Fiscalía que Sirva sobre el proceso legislativo sostuvo que el nombramiento del fiscal anticorrupción debe darse en paralelo a la discusión de la reforma del artículo 102 de la Constitución federal. La intención es que esta fiscalía nazca con total autonomía, ya que bajo el marco normativo actual estaría inserta en la actual PGR.

Y agregaron: La tarea para la creación de las fiscalías General y Anticorrupción será una de largo aliento. En ese camino es indispensable consolidar la institucionalización a partir de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos para la selección y promoción de su personal, así como la definición del marco jurídico necesario y las garantías presupuestales adecuadas, de forma que cuenten con las condiciones para garantizar un Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la legalidad.