El Senado cerró el primer periodo de su quinto año de trabajos sin aprobar temas relevantes relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, ordenamiento que debe entrar en vigor en junio, y otras reformas cuyo plazo de aprobación ya venció.

Los pendientes se tendrán que desahogar en año y medio que resta a la actual legislatura, que estará dominada por los procesos electorales, sobre todo el presidencial de 2018.

Falta aún por nombrar al fiscal anticorrupción y a los 18 magistrados responsables de sancionar a funcionarios que incurran en delitos graves, como enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

Otro de los grandes pendientes es dictaminar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para evitar que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) pase de forma automática a encabezar la Fiscalía General de la República. Faltó también construir la ley orgánica que regirá a esta fiscalía autónoma en que habrá de convertirse la PGR. Tampoco se inició la discusión de las leyes secundarias de seguridad pública, como definió la reforma constitucional de 2014.

Asimismo, no se abordaron la ley de obras públicas, la de archivos y el conjunto de reformas en materia de migración, que todos los grupos se habían comprometido a aprobar en este periodo, a fin de proteger a los indocumentados de las amenazas de Donald Trump.

Lo que más se ha complicado es el nombramiento del fiscal anticorrupción, pendiente desde desde diciembre de 2014, cuando el PAN decidió, en el cierre del periodo de sesiones, no elegirlo, pese a que estaba listo el dictamen con los 32 candidatos considerados idóneos. El entonces coordinador panista, Jorge Luis Preciado, explicó que no tenía caso nombrar a alguien que llegaría con las manos atadas y con la encomienda de lavar la cara al Presidente de la República.

El año pasado, el Senado expidió una nueva convocatoria para nombrar al titular de la fiscalía especializada en delitos de corrupción, 23 aspirantes llegaron al proceso final y de ellos el comité ciudadano que acompaña a los legisladores seleccionó a los mejores cuatro. Tampoco hubo acuerdo entre las fuerzas políticas.

De acuerdo con el coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett, y del ex coordinador perredista Miguel Barbosa, no hay voluntad real del gobierno para nombrar a un fiscal autónomo, que castigue con severidad a los funcionarios de los tres niveles que incurran en corrupción, sobre todo en momentos en que ha estallado el mayor número de escándalos en torno a ex gobernadores que se enriquecen ilícitamente.

En cuanto al PAN, hay división entre el grupo cercano al ex presidente Felipe Calderón, que considera que debe nombrarse ya al fiscal, aunque sea sólo por 17 meses y sin autonomía, y otra parte de la bancada, que prefiere esperar a que se apruebe la ley de la fiscalía general de la República, a fin de que el responsable de perseguir penalmente a los corruptos no dependa del Presidente de la República.

Tampoco hubo consenso en el Senado para aprobar la iniciativa conjunta del PAN y el PRD para expedir la Ley de Contratación de Obra Pública, ya que no hubo voluntad política del PRI, advirtió Barbosa.