De las 197 averiguaciones previas iniciadas desde 2000 para investigar los asesinatos y desapariciones de periodistas, así como los atentados contra medios de comunicación, sólo en 17 de ellas se ha dictado sentencia, lo cual refleja la impunidad casi generalizada que existe en el país para castigar las agresiones contra comunicadores.

De acuerdo con las cifras actualizadas del seguimiento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace de dichas averiguaciones, el resto está en proceso de integración, reserva, archivo definitivo (no ejercicio de la acción penal), consignada pero sin sentencia o sobreseída.

Incluso, medio centenar de ellas se encuentran en integración desde hace cinco años o más, alcanzando hasta 15 años en uno de los casos. Y aunque las autoridades ministeriales realizan diligencias, éstas no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.

Édgar Corzo, titular de la quinta visitaduría general de la CNDH, encargada del programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, señaló que en el organismo nacional existe una enorme preocupación por estas agresiones que van en aumento, pero también el altísimo porcentaje de impunidad, que termina siendo un aliciente para los agresores, pues saben que quedarán sin castigo.

Informó que debido a este aumento de agresiones y clima adverso para el ejercicio de la profesión, la CNDH ha ejercido su facultad de atracción en los seis casos de homicidios contra periodistas cometidos en lo que va del presente año, en los que también ha solicitado a los diferentes niveles de gobierno la aplicación de medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Esta facultad de atracción le permite a la Comisión Nacional solicitar los informes correspondientes de manera directa a las instancias de procuración de justicia, tratando de advertir que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y profesional.

En entrevista, el visitador Corzo señaló que ya en su recomendación general 24, la CNDH advertía que el ejercicio de la libertad de expresión en México enfrentaba uno de los momentos más críticos y complejos de los años recientes, situación que se confirma con los recientes asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así como por la impunidad generalizada en estos casos.

Además, advirtió la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, pues se tiene que mejorar los protocolos de atención y tener una mayor efectividad en alcanzar los objetivos, pero también que cada uno de los estados creen su propio mecanismo de protección.

Señaló la urgencia de dotar al mecanismo federal de los recursos económicos suficientes, pues este año operó con los remanentes de años pasados, y en este momento se tienen recursos solamente para el mes de septiembre, por lo que se corre el riesgo de que 500 beneficiarios de esta protección se queden sin cobertura. Esto sucederá si no se hace la asignación correspondiente para terminar el año, dijo.