El equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), que encabeza la defensa de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio –quien apareció muerta en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo– no ha podido acceder a la primera parte del expediente de investigación sobre esos hechos, con lo que se obstaculiza el derecho de acceso de las víctimas a la justicia y la verdad.

Denunciaron lo anterior más de 84 organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y exigieron el cumplimiento del debido proceso.

Sayuri Herrera, abogada del CDHFFV, aseveró que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México –que en principio atrajo la investigación– ha impedido el acceso a la primera parte del expendiente, de la foja 1 a la 324, con el argumento de que ese fragmento se envió a la Procuraduría General de la República, porque les urgía apoyo, pero de manera irregular no guardaron copia, a lo que están obligados.

Esta parte de la investigación, dijo la litigante, es fundamental pues se incluyen los primeros peritajes, el levantamiento del cuerpo, la posición en que se encontró, los análisis de criminalística y fotografía, y los videos de las cámaras de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron remitidos a la procuraduría capitalina.

Nos urge esa carpeta, pues en este tiempo se puede desvanecer información valiosa que nos podría ser de utilidad para posibles pruebas que pudiéramos ofrecer. Si eso llegara a perderse, se acentuaría la impunidad. Necesitamos esa parte para que nuestros peritos, que sí saben de feminicidios, entren al análisis. Pero la negativa nos hace sospechar que intentan construir la hipótesis del suicidio.

Ante la negativa de la autoridad capitalina, la defensa de la familia de Lesvy acudió a la PGR, donde tampoco ha habido respuesta. La omisión de ambas dependencias, subrayaron integrantes de la red, “constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia. La autoridad obligada a dar respuesta y a brindar información podrá advertir que éste no es un aspecto menor dentro de la indagatoria, sino que se obstaculiza con ello su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.

Reiteramos y respaldamos la demanda de las víctimas y su representación legal de que la PGJ-CDMX acepte la coadyuvancia institucional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ya que esto representará una manera de sumar esfuerzos haciendo hincapié en la necesidad de investigar el caso con perspectiva de género.