Caracas.

La fiscal general de Venezuela señaló este jueves al Tribunal Supremo de Justicia de tratar de impedir la persecución penal de las personas involucradas en las supuestas operaciones irregulares de la constructora brasileña Odebrecht.

En nueva escalada del enfrentamiento entre los poderes públicos venezolanos, Luisa Ortega Díaz acusó al máximo tribunal de dictar una sentencia para impedir al Ministerio Público que ejerza la persecución penal de las personas involucradas en el caso.

Asimismo, Ortega Díaz afirmó en una intervención que hizo vía telefónica en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se realiza en Buenos Aires, que la acción que se está ejerciendo contra ella y la Fiscalía General de Venezuela atenta contra la independencia de los ministerios públicos de la región.

Un funcionario de la organización confirmó que la vicefiscal venezolana que designó el Tribunal Supremo, Katherine Haringhton, no pudo ingresar a la asamblea extraordinaria de la AIAMP que se convocó para analizar la situación del Ministerio Público de Venezuela. Haringhton fue nombrada luego que la Corte rechazara la designación como vicefiscal de Rafael González, que hizo Ortega Díaz y que ratificó la Asamblea Nacional.

El máximo tribunal abrió el mes pasado un proceso a la fiscal, quien está enfrentada al gobierno tras ser vinculada por años al oficialismo, para retirarle un beneficio legal y poder enjuiciarla por supuestas faltas que habría cometido en el ejercicio de su cargo. En consecuencia, la Sala Plena le prohibió salir del país y congeló sus activos mientras se desarrolla el proceso.

La fiscal hizo la declaración en respuesta a la decisión que anunció la víspera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la que se estipuló que el Ministerio Público sólo podrá citar en calidad de imputado a una persona si está presente un juez de control. La legislación venezolana otorga a la Fiscalía General la facultad para imputar al presunto responsable de un delito de manera independiente.

La Corte anunció la decisión horas después que la fiscalía informara que citó a María Eugenia Baptista Díaz y Elita Zacarías Díaz para comparecer el 27 de julio en el Ministerio Público, donde serán imputadas por los delitos de corrupción como parte de la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a Odebrecht. Baptista Díaz y Zacarías son la esposa y suegra del ex ministro de Transporte y Obras Públicas y diputado del partido oficialista, Haiman El Troudi.

El Troudi consideró el proceso contra sus familiares como una canallada y una acción política, y dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que daría la cara en cualquier escenario porque la justicia prevalecerá.

El anuncio del proceso contra los familiares del ex ministro se dio un día después de que Ortega Díaz dijera en una entrevista que el Ministerio Público tiene identificados a varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado en obras que no se concluyeron y que se cobraron comisiones que fueron depositadas en cuentas en el extranjero.