Buenos Aires.

La policía capitalina reprimió con gases y palos nuevamente a trabajadores de la empresa PepsiCo que acompañados por organizaciones sociales y políticas intentaban llegar al Congreso, lo que finalmente pudieron lograr, mientras otras cuatro movilizaciones en distintos lugares de esta capital ponían en evidencia una cada vez más masiva demanda social.

Los manifestantes de PepsiCo exigen a los legisladores que tratan en las cámaras medidas para frenar la ola de despidos y suspensiones en todo Argentina y también piden la reapertura de la planta de PepsiCo y la incorporación de todos los despedidos.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que reporteros, fotógrafos y camárografos fueron reprimidos y afectados por los gases, dificultando su trabajo. Un nuevo protocolo del Ministerio de Seguridad se aplican ilegalmente para impedir que la prensa cubra las acciones represivas en los conflictos sociales, entre otras graves medidas que violentan la libertad del trabajo periodístico.

Otra de las exigencias de los despedidos es que el Congreso interpele al ministro de Trabajo Jorge Triaca, que en todos los casos defiende a los empresarios y no a los afectados ya sea en los despidos del Estado o de los sectores privados. En una plaza frente al Parlamento los trabajadores despedidos han instalado una carpa luego del cierre de la sede de la empresa que dejó sin trabajo a 600 personas, en el estilo Macri en alusión al presidente conservador Mauricio Macri.

También los dirigentes reclamaron que la empresa está en situación ilegal porque en un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo se ordenó la reincorporación de trabajadores.

Mientras esto sucedía, en el Congreso bajo dura presión de Macri la alianza gobernante planteó debatir el desafuero o la expulsión por supuesta inhabilidad moral del diputado Julio de Vido, del Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación, quien denunció en su alegato no sólo una persecución política sino también el uso de esta situación como parte de la campaña electoral del gobierno para distraer sobre la grave situación económica y social del país.

De Vido, quien solicitó ejercer su derecho a la defensa, mencionó todo lo logrado durante el gobierno anterior, con datos precisos lo que dejó en evidencia la cantidad de obras paradas por el gobierno Macri, quien aparece en estos días inaugurando obras que se hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

También el diputado dijo que intentan arrebatarle la banca y destruirlo pero advirtió que no lo van a lograr recordando que ganó por el voto popular. En realidad el gobierno -a pesar de todas las presiones ejercidas, no había logrado los dos tercios necesarios para expulsarlo. Más aún, a De Vido se le han abierto una cantidad de causas, pero hasta ahora no ha sido condenado, ni se ha probado su culpabilidad en nada.

Lo asombroso es que no sólo diputados de Cambiemos, sino funcionarios de alto nivel y el propio presidente, el primero que sube procesado en dos causas, tienen varios juicios abiertos, como le sucede al mandatario con la aparición con empresas offshore, en los llamados Papeles de Panamá cuando denunciantes en este caso han encontrado alrededor de 50 cuentas de este tipo de Macri y su familia.

De la misma manera está la gran estafa del Correo Argentino, que se compró y nunca se pagó. El jefe de Inteligencia Gustavo Arribas fue denunciado en Brasil en el caso Odebrecht por haber recibido 850 mil dólares en diversos lugares enviados desde esa empresa como coimas, lo que incluso está en la declaración televisada de Leonardo Meirelles el testigo protegido que sigue denunciando en estos días.

Extorsión a gobernadores

El ministerio de Hacienda de La Pampa denunció que el gobierno de Macri le planteó al gobernador de esa provincia, Carlos Verna, que bajara un las jubilaciones y adecuarse al régimen previsional de Nación, para reducir el déficit fiscal.

Más aún el gobierno multó a La Pampa y no le giró 332 millones de pesos que le debía, en represalia porque es esa provincia mantiene 82 por ciento móvil para los jubilados.

La jubilaciones son mucho más altas que las de Buenos Aires. Por eso considera que esta decisión es meramente política y desde hace tres meses se presiona a ese gobierno.

Más grave aún es que el gobierno no cumple con lo que debe enviar a los gobernadores y usa esa presión contra todos los que no son de Cambiemos. El caso más grave es el de Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner una reconocida profesional, cuyo pecado es ser hermana del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y fue dejada en el vacío, sin enviarle el dinero adeudado a la provincia, lo que estalló en una serie de conflictos sociales.

Varios medios han mencionado la palabra extorsión al referirse a la actitud del gobierno para forzar que los senadores de esas provincias castigadas acompañen la votación de Cambiemos en temas muy duros, que en todos los casos afectan a la población.

En La Pampa las jubilaciones se seguirán pagando a 82 por ciento y se actualizan con la recomposición salarial de los activos que obtienen los activos.