El capitán de la Selección Mexicana de futbol, Rafael Márquez Álvarez, y el cantante Julión Álvarez están vinculados con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, han actuado como testaferros para él y su organización, y tienen bienes en su nombre, de acuerdo con una investigación de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La OFAC señaló que el gobierno de Estados Unidos congelará las cuentas bancarias, propiedades y demás bienes que tengan en ese país el narcotraficante, así como Rafa Márquez, Julio César Álvarez Montelongo –nombre verdadero del cantante norteño– y todos los implicados en la organización de tráfico de drogas. Y anunció que cancelará sus visas y no podrán entrar a ese país.

Además, prohibió a ciudadanos y empresas estadunidenses realizar transacciones con ellos y otros involucrados con la organización criminal.

Bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin), el Departamento del Tesoro identificó ayer a Flores Hernández como narcotraficante de talla mundial, al nivel de Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García, y designó a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas del país por ayudar en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Destacó que en la investigación hubo estrecha colaboración con el gobierno mexicano, como la Procuraduría General de la República (PGR) –que ayer mismo decomisó diversos bienes a Flores Hernández, como el Grand Casino de Guadalajara–, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Explicó que trabajó con la UIF con la finalidad de aplicar sanciones financieras contra organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

La OFAC sostuvo que Rafa Márquez y Julión Álvarez han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre.

Se trata de la investigación más grande en años recientes contra una red criminal, aseguró la OFAC al dar a conocer los nombres de los otros involucrados.

En la lista se incluye a Efraín y Omar Caro Urias, parientes de Rafael Caro Quintero; Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, que actuaban en nombre del futbolista.

La dependencia estadunidense señaló que Flores Hernández también tomó como testaferros y prestanombres en lavado de dinero a parientes suyos, su esposa, hijos y sobrinos, como María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez (hijo), Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Óscar Amando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Rámirez, quienes poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la organización.

La lista de socios del narcotraficante también incluye a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana.

Al respecto, ayer mismo funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México ofrecieron una conferencia de prensa vía telefónica, en la que explicaron que Flores Hernández ha amasado una fortuna de miles de millones de dólares, que incluye empresas como el Gran Casino de Guadalajara, bares, restaurantes, equipos de futbol, productoras musicales y compañías del sector inmobiliario, y afirmaron que utilizaba a gente cercana y amigos como fachada de su red.

Sostuvieron que los vínculos económicos del futbolista y el narcotraficante datan de más de dos décadas, y con Julión de al menos 10 años, según las investigaciones coordinadas también con las agencias de Administración Antidrogas y de Aduanas y Protección Fronteriza, así como con la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna.

Plantearon que se trata de un narcotraficante independiente que estuvo décadas a la sombra, pues manejaba un perfil bajo y tenía acuerdos con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el que comandaba El Chapo Guzmán y con otros grupos de Sinaloa.

Los funcionarios comentaron que los procesos legales contra Márquez y Julión no dependen de las autoridades de Estados Unidos, sino de las mexicanas, como la PGR, y las investigaciones que se realicen en México.

Explicaron que por el momento sólo les compete el congelamiento de cuentas bancarias y bienes, y esperar a que se lleve a cabo el proceso legal contra el narcotraficante y sus testaferros.

Desde junio de 2000, más de 2 mil empresas han sido nombradas, conforme a la Ley Kingpin, por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.

Las sanciones por violar la Ley de cabecillas van penas econpomicas por 1.4 millones de dólares y 30 años de prisión, hasta multas de 5 millones de dólares para quienes hagan negocios con las personas señaladas en la lista.

Comentaron que en Estados Unidos hay dos carpetas de investigación abiertas contra Raúl Flores, en Columbia y en el Sur de California, por cargos criminales de narcotráfico, así como una solicitud para que el capo sea trasladado a ese país.