Raúl Flores Hernández, quien fue acusado ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de crear una red de lavado de dinero en apoyo al narcotráfico, fue detenido el 20 de julio pasado en Zapopan, Jalisco, y está sujeto a prisión preventiva en el Reclusorio Sur, donde enfrenta un proceso de extradición para ser juzgado en territorio estadunidense por el delito de asociación delictuosa y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína.

Ayer, cuatro horas después de que el Departamento del Tesoro anunció el congelamiento de cuentas y bienes de Flores Hernández y/o Miguel Casas Linares, acusado de encabezar una red de lavado de dinero en la que involucró a Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como partícipes, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que trabaja de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos en este caso y dio a conocer que el futbolista había acudido voluntariamente a la sede de la dependencia federal para ponerse a disposición de las autoridades.

Más tarde, dio a conocer que Flores Hernández fue detenido en razón de que es requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, para ser juzgado.

Precisó que en 2013 el sujeto fue detenido e internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, del Noroeste, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, obtuvo su libertad en 2015.

En 2010, la PGR ofreció 5 millones de pesos de recompensa para quien proporcionara información para lograr su captura, “en razón de que tenía presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva”.

Sin embargo, con el cambio presidencial de 2012, no fue incluido en la lista de 122 objetivos prioritarios que fijó la administración de Enrique Peña Nieto para enfrentar al crimen organizado.

Raúl Flores Hernández tejió redes empresariales, turísticas y políticas. En el sur de Jalisco, de donde es originario, lo conocen como El Tío.

De acuerdo con información recabada, en el municipio de Autlán, ubicado 193 kilómetros al suroeste de Guadalajara y colindante con Villa Purificación, de donde es originario Flores Hernández, la familia Flores creó una gran estructura que incluye empresas turísticas con cabañas, un equipo profesional de futbol en tercera y segunda divisiones y políticos que han aspirado a ser alcaldes y presuntamente forman parte de la red criminal.

Un primo de Flores Hernández, Felipe Flores Gómez, es regidor independiente en Autlán, cargo al que llegó postulado por el PRD. En abril pasado se declaró independiente y dijo que apoyaría la próxima candidatura a gobernador de Jalisco, en 2018, del actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.

También se le atribuye la propiedad del sitio turístico Villas de Cacoma, un conjunto de cabañas en la sierra de Villa Purificación, a cargo del regidor Felipe Flores.

En el sur de Jalisco, en El Grullo, tenía su cuartel general Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El líder del cártel tenía un rancho de 50 hectáreas –ya confiscado– y Rafael Caro Quintero, quien está prófugo de la justicia, era propietario de la ex hacienda La Alcíhuatl, en la que se dedicaba al cultivo y cosecha de mariguana y amapola, además de procesar heroína.

Dos familiares de Caro Quintero, Efraín y Omar Caro Urías, están incluidos en la lista que dio a conocer ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como socios o testaferros de Flores Hernández.

En Jalisco, el listado de empresas ligadas a Flores Hernández suma al menos 30, la mayoría ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Ayer, agentes de la PGR catearon el Grand Casino Zapopan, ubicado en la avenida López Mateos sur. En el operativo los agentes federales fueron acompañados por integrantes de la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna y de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidenses.

Aunque en el comunicado las autoridades estadunidenses señalan que el inmueble fue asegurado, la diligencia sólo duró unas tres horas y el casino siguió abierto al público.

También fueron cateados por autoridades federales el bar Lola Lolita, ubicado en avenida Juárez, y el restaurante Cortez, en avenida Pablo Neruda, acciones de las cuales la PGR no dio a conocer detalles.