El paso de ex funcionarios públicos al servicio de empresas privadas beneficiarias de las decisiones de políticos ha derivado en una sangría y desfalco al interés público, sin que exista legislación que frene esas prácticas que fomentan los crecientes índices de corrupción. El partido Morena en el Congreso de la Unión presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que expresa el castigo al conflicto de interés.

Entre los ex servidores públicos que han incurrido en esas prácticas se encuentra el ex presidente Felipe Calderón, quien se integró como miembro independiente al consejo de administración de la estadunidense Avangrid, filial de la española Iberdrola, la cual tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad.

También en el directorio de esa filial en México aparece Georgina Kessel, ex titular de Energía y de Banobras durante el sexenio de Calderón. Es consejera independiente desde el 24 de abril de 2013.

Otros casos

Ernesto Zedillo Ponce de León, después de concluir su periodo presidencial, pasó a ser empleado de Union Pacific, concesionaria de Ferromex, resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que se realizó durante su gobierno.

Al día de hoy se da a conocer que Vicente Fox, quien aplaudió la reforma energética y apremió a aprobarla, integró una empresa conjunta del llamado joint venture con Aubrey McClendon, ex director general del gigante del fracking Chesapeake Energy y actual director ejecutivo de American Energy Partners para explotar el sector de la energía en México.

El tránsito del sector público al privado no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflictos de interés, al constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiadas por ellos.

Este proceso, expuso Rocío Nalhe, coordinadora de Morena, se ha llamado la puerta giratoria. Comenzó a partir de la apertura económica y es intenso en el sector energético.

Así, la iniciativa de reformas a dicha ley propone modificar la definición de conflicto de interés, contenida en la fracción sexta de su artículo tercero, para que en ésta también se haga referencia al conflicto de intereses de ex servidores públicos.