Diez años después de la vigencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a dos de que se emitieran las primeras alertas de género, para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es necesario hacer ajustes al mecanismo.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, señaló que la dependencia ya está elaborando una propuesta, la cual plantea reducir los tiempos para emitir una alerta. Tiene que ser un mecanismo que obedezca a una situación de urgencia, de un contexto de violencia señalado por las organizaciones de la sociedad civil, apuntó.

Por tal razón, dijo, el plazo se reduciría a no más de dos meses. La idea es eliminar el periodo de seis que tienen los estados para implementar las observaciones que establecen los informes.

Además, en lugar de que el grupo de trabajo tenga 30 días para emitir el dictamen de si procede o no la alerta, propondrán que sean 45.

Lo que queremos es dejar un mecanismo fuerte y sólido, aseveró.

La dependencia impulsaría una mayor participación de la sociedad civil. En este caso, una vez que se declarara la alerta el reglamento establece que se constituye un grupo interinstitucional y multidisciplinario. Lo que está proponiendo el Inmujeres es que éste participe con pleno derecho a voz y voto para que tenga posibilidad de ir midiendo, en igualdad de condiciones y oportunidades, el proceso de cumplimiento de la alerta.

Actualmente, una vez que se declara la alerta de género, están ausentes las organizaciones de la sociedad civil, puntualizó.

Otro punto propuesto por el Inmujeres es que se fije un plazo para cumplir las medidas emitidas en la alerta de género, pues no hay un establecimiento claro del periodo en que está vigente una alerta en un estado.

Asimismo, propondrá que cada tres meses se rinda un informe sobre el grado de cumplimiento de la alerta para que se puedan hacer ajustes. De igual manera, planteará que se notifique a los titulares de los poderes del estado que tengan injerencia en las medidas, no sólo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos municipales involucrados.

En ese sentido, también aconsejarán que la emisión de la alerta de género se publique en el Diario Oficial de la Federación para que tenga alcance jurídico respecto de las dependencias federales involucradas en el tema. Pero también en los órganos de difusión oficial de los estados.

Agregó que una vez concluida la propuesta, la compartirán con organizaciones de la sociedad civil para que la enriquezcan y planteen sus inquietudes.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que aglutina a alrededor de 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, dijo que algunos retos que se enfrentan en las alertas de género es la implementación y que la investigación que se realiza para la emisión y el seguimiento de éstas sea de personas expertas. Además, que se establezcan sanciones para las autoridades que no cumplan con lo que les establece la declaratoria.