Moscú.

Desde un punto de vista estrictamente legal, podría decirse que Tatarstán –la principal república de la Federación Rusa con mayoría de población musulmana y rica en petróleo– lleva casi una semana con un pie fuera de Rusia.

Sin embargo, en la práctica, Tatarstán nunca va a poder independizarse mientras el Kremlin, como sucede en casi todos los países, ponga el principio de la integridad territorial de los estados por encima del derecho a la libre determinación de los pueblos, salvo contadas excepciones o cuando el separatismo afecta a otros.

De acuerdo con su Constitución, el tratado de delimitación y distribución de facultades entre Moscú y Kazán es uno de los tres pilares que fundamentan la permanencia de Tatarstán en la Federación Rusa, junto con las respectivas Cartas Magnas.

La vigencia de ese tratado caducó el 11 de agosto pasado y, tras el fracaso de las negociaciones para prorrogarlo, en el horizonte político aún no se vislumbra fecha para firmar un renovado entendimiento.

El problema se remonta a la lucha por el poder entre el entonces recién elegido presidente del Parlamento de Rusia, Boris Yeltsin, y el presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, cuando el primero, de visita en Kazán el 6 de agosto de 1990, lanzó una frase demoledora para el poder central: Tomen toda la soberanía que sean capaces de tragar, que tuvo entre otras derivaciones el estallido de la primera guerra entre Rusia y la separatista Chechenia.

Ni tardo ni perezoso, el primer secretario del partido comunista de Tatarstán, Mintimier Shaimiyev, quien luego sería ungido durante 19 años presidente con estatus virtual de caudillo, negoció con Moscú condicionar la permanencia de la república a un tratado que le otorgaba la máxima soberanía y a la élite local, una situación de privilegio frente a los gobernantes de las restantes entidades federales.

La última prórroga de ese pacto, capital para los tártaros –gentilicio de Tatarstán–, que lleva la rúbrica de Shaimiyev y del presidente ruso, Vladimir Putin, se produjo en 2006. Rustam Minnijanov, el sucesor de Shaimiyev, quien lleva siete años al frente de la república, no quiere pasar a la historia como el mandatario que suscribió la pérdida del estatus especial que el tratado concede a Tatarstán dentro de Rusia.

Ciertamente, Minnijanov no parece tener en su agenda solicitar en nombre de Kazán el divorcio definitivo a Moscú. Sólo busca mantener lo que logró Shaimiyev: gobernar a su antojo y disponer de los recursos naturales, a cambio de ratificar su lealtad a Rusia.

Al mismo tiempo, crecen en Tatarstán los ánimos secesionistas y la influencia del islam, mientras los expertos recuerdan que las autoridades de Kazán tienen forma de presionar a Moscú y pueden dar al Kremlin, en las urnas, tanto respaldo masivo como rechazo abrumador.

Como ejemplos mencionan que, con tratado vigente, más de 90 por ciento de los tártaros votaron en favor de Putin en las elecciones presidenciales y, antes, cuando se carecía de pacto, en el referendo sobre la nueva Constitución rusa, en 1993, participó sólo 15 por ciento del padrón en la república.

Por ahora, en plena fase final del descanso veraniego de los políticos rusos, todos guardan silencio y hacen como que nada hubiese pasado, a pesar de que es grave de suyo que Moscú y Kazán no hayan sido capaces de establecer las reglas de su convivencia.

Tendrán, a querer o no, que hacerlo a la brevedad, antes de que el vacío legal devenga sólida base para una eventual ruptura, lo único que le falta a Rusia en estos momentos.