as comparecencias del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, que se realizaron el pasado martes y ayer, respectivamente, han dejado al desnudo una vasta red de irregularidades, omisiones y faltas de coordinación entre los poderes federal y estatal, que desembocó en la tragedia del 12 de julio, cuando un defecto previamente conocido de la obra del Paso Exprés de Cuernavaca se tradujo en la apertura de un enorme agujero en el que murieron dos personas. Antes de eso, las malas prácticas en la construcción de esa ruta de libramiento habían provocado accidentes en los que 23 usuarios perdieron la vida.
El 22 de agosto, ante los legisladores de la Tercera Comisión, Ruiz Esparza, aunque hubo de admitir algunas de las acciones indebidas en las que pudieron incurrir funcionarios menores de la dependencia que encabeza, se negó a asumir la responsabilidad administrativa y política de las consecuencias de esas mismas acciones. Asimismo, el funcionario buscó trasladar la responsabilidad de lo ocurrido en las empresas constructoras, la coordinadora y la supervisora que la propia SCT contrató, a pesar de sus muy cuestionables historiales.
Ramírez Garrido, por su parte, buscó eludir sus responsabilidades en un ataque frontal contra Ruiz Esparza y el gobierno federal, por más que están documentadas sus omisiones y retrasos el día de la tragedia. Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal afirmó haberse opuesto a la inauguración precipitada e improvisada de una obra que estaba manifiestamente inconclusa y defectuosa, a pesar de que el pasado 5 de abril él mismo acudió al acto correspondiente, en compañía del presidente Enrique Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza.
Más allá del hecho de que el secretario de Comunicaciones y Transportes acumula un sinnúmero de señalamientos públicos por actos irregulares y corruptos en la dependencia que preside, la desastrosa gestión del Paso Exprés, que se ha evidenciado con los sucesos del 12 de julio, habría debido llevarlo a presentar su dimisión, no porque con ello se resuelva el caso, como arguyó en su comparecencia senatorial, sino por un básico sentido de decoro republicano y porque su permanencia en la SCT obstaculiza el esclarecimiento de lo ocurrido.
En cuanto al gobernador morelense, fue incapaz de explicar por qué, si tenía en su poder abundante información sobre la peligrosidad de la obra referida, no se opuso a la inauguración y por qué no actuó con la firmeza que el caso requería para clausurarla, detenerla, cerrarla al paso de vehículos en tanto los defectos de construcción no fueran subsanados o, cuando menos, dar a conocer a la opinión pública los riesgos de transitar por esa vialidad.
En suma, las presentaciones de Ruiz Esparza y Ramírez Garrido ante el Legislativo y el rifirrafe entre ambos han dejado ver en su exasperante gravedad el poco sentido de responsabilidad, la insensibilidad y la frivolidad que imperan en diversas esferas del poder público, así como la falta de voluntad para investigar y sancionar conductas de gobierno que conllevan presumibles responsabilidades civiles y penales. En este caso, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República deben actuar con prontitud y transparencia. No puede permitirse un caso más de impunidad ante un desorden gubernamental como el que se evidenció con el socavón en el Paso Exprés.
