En noviembre próximo concluirá el mandato del Mecanismo Especial de Seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, y aunque su encargo podría ampliarse, existen preocupaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de avance en las investigaciones sobre el tema y el clima de hostigamiento a los especialistas.

Así lo afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien consideró que la lentitud en las indagatorias del gobierno es una muestra de su falta de voluntad para esclarecer la agresión y castigar a los responsables de los hechos.

Entrevistado durante una marcha para conmemorar los 35 meses de la desaparición forzada de los estudiantes, el litigante recordó que mañana los integrantes del MES visitarán la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y un día después se reunirán con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital del país.

El miércoles rendirán un informe a la CIDH para dar a conocer el nivel de avance de las indagatorias sobre el caso, y aunque se desconoce el carácter y el contenido de ese documento, podría ser determinante para saber si el mecanismo continuará trabajando en el país.

El tiempo del mecanismo se agota en noviembre, pero no sabemos si va a durar hasta entonces, porque antes tendrá que marcar una postura. No pueden continuar las investigaciones en esa dinámica de que cada mes que vienen (los integrantes del MES) les ofrecen la misma información, dijo Rosales.

El abogado de los familiares de las víctimas reiteró que aunque el mandato del mecanismo se puede prorrogar por tiempo indefinido, “la CIDH tiene hoy varias preocupaciones, luego de las filtraciones de llamadas (de los miembros del GIEI), del hackeo a sus celulares. Es un tema que la comisión está analizando, y si no avanzan las investigaciones, deberán adoptar una postura al respecto”.

Luego de recordar que el último avance en las investigaciones fue la consignación fallida de un grupo de policías municipales de Huitzuco que habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas, Rosales afirmó que llegar a 35 meses de esta agresión es una evidencia clara de un Estado cuyas instituciones tienen muy poca capacidad de realizar pesquisas eficaces.

De igual manera, lamentó que el actual gobierno sigue aplicando la estrategia de administrar el conflicto y tratar de mantenerlo en un bajo perfil, para evitar que le reste votos a quien sea designado candidato del PRI para las elecciones presidenciales del año entrante.

Al término de la marcha de la sede de la PGR al Hemiciclo a Juárez, los padres de los 43 subrayaron que continuarán en la lucha para buscar a sus hijos y que se castigue a los responsables de su desaparición, que está a punto de cumplir tres años de ocurrida.