Madrid.

Los partidos políticos que apoyan la vía de la independencia en Cataluña registraron hoy en el Parlamento regional la ley de transitoriedad y fundacional de la República, que está pensada para que sirva de marco legal para el día después de la consulta ciudadana, prevista para el próximo primero de octubre, siempre y cuando venza el sí a la secesión del Estado español. El registro supone el primer paso para su aprobación parlamentaria y, posteriormente, la tramitación de la ley por el gobierno de Cataluña, presidido por el nacionalista Carles Puigdemont.

A sólo 35 días del referendo de independencia, las tres formaciones que abanderan la separación del Estado español para construir un modelo propio, republicano, lograron un acuerdo para presentar la citada ley y establecer los pasos para que entre en vigor antes de la consulta ciudadana.

El marco legal fue presentado de forma conjunta por la coalición de Junts pel Sí –integrada por la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (nacionalistas de centro-derecha) y Esquerra Republicana de Cataluña (izquierda nacionalista) y la Candidatura de Unidad Popular (grupo de carácter anticapitalista, anarquista e independentista). La aprobación se da por hecho, una vez que entre las dos cuentan con mayoría simple en el Parlamento: 72 escaños frente a los 52 que están abiertamente en contra de la celebración del referendo y los 11 diputados de Catalunya si que es pot, vinculada a Podemos, quienes no apoyan la ley pero sí están en favor de votar.

La ley de transitoriedad cuenta con 89 artículos y tres disposiciones finales, entre ellas la suspensiva para el caso de que finalmente se imponga el no.

La ley, una vez registrada en la Cámara catalana, deberá pasar los trámites regulares y esperar a que se fije una fecha para que pase a votación en el pleno. De ahí se enviará al gobierno para que redacte y publique el texto en los canales oficiales. Todo esto tendrá que ocurrir antes del primero de octubre.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha amenazado con recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional.

Esta ley reconoce, entre otras cuestiones, que en el caso de que gane el sí, de inmediato se haría oficial el nombramiento de Jefe del Estado catalán al presidente de la Generalitat, es decir, a Puigdemont, con lo que se cambiaría de una monarquía parlamentaria –que tiene como jefe de Estado al rey Felipe VI– a un modelo republicano. La normativa también permite que se mantenga la doble nacionalidad para quien así lo desee –española y catalana–, y se otorgará de forma automática la nacionalidad a los hijos de padres nacidos en Cataluña y a los españoles que se empadronaran en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016.

En cuanto a la estructura del Estado, la máxima autoridad administrativa será la Generalitat y a partir de ahí regulará las competencias del resto de órganos públicos, además de contar con un Tribunal Supremo que será la máxima autoridad del aparato de justicia.

El objetivo final de la ley es que si gana el sí, el nuevo Estado catalán empiece a funcionar a partir del primero de octubre de 2018, un año después del referendo, una vez que todavía tendrán que negociar la deuda pública y los detalles de lo que llaman la desconexión.

Diez días después de los atentados en Cataluña, que provocaron 16 muertos y más de 130 heridos, Josep Lluís Trapero, mayor de Los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana), criticó la marginación que sufre este cuerpo policiaco en los organismos internacionales, sobre todo por la estrategia diseñada desde Madrid, para apartarlo de esas instituciones en las que hay un importante intercambio de información en materia de lucha contra el terrorismo.

Trapero, quien tuvo un papel protagónico durante los atentados por su diligente información en cuatro idiomas, señaló en una entrevista en Catalunya Rádio que nadie debería discutir el carácter central de la policía catalana, porque es la referencia para la comunidad. Pero no hay congruencia entre este hecho y cómo se gestiona la información internacional. De lo que responsabilizó a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior.