La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) pudieron propiciar la desaparición forzada de una adolescente mexicana de 17 años, a quien durante una revisión en un autobús en Chiapas, en junio de 2015, violentaron sus garantías fundamentales.

En esa ocasión los agentes del INM retuvieron a la joven para someterla a revisión migratoria, señalándola como ciudadana guatemalteca, pues al ser menor de edad no contaba con identificación oficial.

Aunado a ello, y pese a tratarse de agentes federales, la Procuraduría General de la República (PGR) evadió atraer el caso.

Tras sus indagatorias, el organismo nacional acreditó que existen elementos que permiten evidenciar la probable desaparición forzada de la adolescente y la violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, así como a la libertad de tránsito, a la no discriminación y al interés superior de la niñez en agravio de la menor, atribuibles a servidores públicos federales y estatales.

Por ello, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, emitió una recomendación dirigida al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade; al comisionado del INM, Ardelio Vargas; al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al fiscal general de esa entidad, Raciel López.

El 22 de junio de 2015, a las 11 y media de la noche, la víctima abordó un camión de pasajeros en Motozintla, Chiapas, para reunirse con su padre en Tuxtla Gutiérrez, pero nunca llegó. Los familiares averiguaron que en el trayecto el autobús había sido detenido en San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa, por agentes del INM, quienes obligaron a la joven a descender porque pensaron que era guatemalteca. Al no contar con identificación oficial, sólo presentó su Clave Única de Registro de Población.

Por ello, sus familiares presentaron sendas denuncias ante la fiscalía estatal y ante la PGR, además de acudir a la CNDH.

“Al rendir el informe a la CNDH, los dos agentes del INM reconocieron que luego de entrevistar a la joven en la caseta de migración le concedieron el ‘beneficio de la duda’, toda vez que no pudo acreditar su nacionalidad, por lo que supuestamente le indicaron que se podía retirar o esperar ahí el siguiente autobús. Según su dicho, la adolescente abandonó esa estancia con rumbo incierto, desconociéndose desde entonces su paradero”, indicó el ombudsman.