Las autoridades federales por fin han encaminado las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hacia las líneas recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, al tardar en atender dichas recomendaciones, los avances aún no tienen satisfechos a los familiares de los estudiantes.

Ayer, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), funcionarios federales se reunieron –como parte del Mecanismo de Seguimiento a las recomendaciones del GIEI– con familiares de los normalistas, representantes de las víctimas y miembros de la CIDH. Tras ese encuentro, se informó que debido a que no hay avances concretos, los padres de los 43 siguen sin ver cumplidos los compromisos de llegar a la verdad y la justicia de los hechos suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló que durante la reunion los funcionarios del gobierno federal por fin dieron algunos avances en el sentido de las líneas de investigación plantedas por el GIEI.

Sin embargo, los familiares consideraron que la PGR sigue sin ofrecer avances sustanciales sobre la presunta participación de militares y policías federales y municipales de Huitzuco en los hechos de Iguala.

Al término de un encuentro con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y otros funcionarios, como la subprocuradora Sara Irene Herrerías, los padres señalaron que no regresarán a la mesa de diálogo hasta que no haya policías y soldados detenidos por ese caso.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, señaló que la PGR les dio información en la que se puede considerar que solamente ha avanzado 30 por ciento en las cuatro líneas de investigación que se le han exigido al Ministerio Público Federal y que podrían conducir al paradero de los estudiantes y de las causas que originaron el ataque.

En cuanto a la participación del Mecanismo de Seguimiento al caso Iguala, integrado por miembros de la CIDH y encabezado por la relatora Esmeralda Arozamena, ellos sólo estuvieron escuchando y será mañana, a través de un comunicado, que den a conocer sus impresiones del encuentro con los funcionarios mexicanos y de los avances que reportaron.

Rosales resaltó que las investigaciones han arrojado que el 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron los estudiantes, de 35 cámaras de vigilancia que operan desde el llamado C-4, solamente servían cuatro, que se pudieron obtener algunas imágenes, pero son de tan mala calidad que no sirven para las indagatorias.

Tras el encuentro que duró más de tres horas, el representante legal de los familiares dijo que lo rescatable de esta reunión es que la PGR está en la ruta de las líneas de investigación que debieron seguirse desde 2015.

Añadió: obviamente lamentamos esta falta de avance en las mismas (...) Nosotros no vemos una actuación de buena fe; lo que vemos es un retraso.

Aunque reconoció que la PGR está retomando la ruta correcta de las cuatro líneas de investigación, que se refieren a indagar el tráfico de drogas de Iguala a Chicago; la participación de militares y policías federales y municipales en los hechos; datos precisos sobre el hallazgo de sitios para la búsqueda de fosas clandestinas, y lo sucedido con varios teléfonos que traían los estudiantes y que siguieron funcionando días después de su desaparición.

Explicó que habrá un segundo encuentro entre los integrantes de la CIDH, los familiares y los funcionarios de la PGR, y que este podría realizarse a mediados de octubre, mientras tanto está presente la jornada nacional de lucha que se va a desplegar del 16 al 25 por parte de los padres en todo el país con un conjunto de organizaciones.

El vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz, mencionó que este tipo de encuentros implica más desgaste, más desesperación, al escuchar un informe que no es lo que queremos. Queremos algo más concreto sobre las detenciones, sobre las llamadas. Hoy nuevamente salimos con ese coraje que nos da el que las autoridades no se empeñan en avanzar con este caso que ya casi lleva tres años, concluyó.