Los ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos en México han aumentado de manera sistemática durante el actual sexenio y cada vez son más alarmantes.

Así lo concluye el Sexto informe de violaciones a derechos humanos contra personas defensoras, elaborado por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y que abarcó un periodo de estudio de junio de 2016 a mayo de 2017.

El reporte documenta mil 442 violaciones a las garantías de las personas defensoras de derechos humanos durante ese periodo debido a la labor que realizan, una cifra que rebasa el doble de las agresiones presentadas en el informe de un año atrás.

Del total de violaciones a derechos cometidas contra este sector, de junio de 2016 a mayo de este año, 579 defensores fueron agredidos, atacados, amenazados, hostigados, vigilados ilegalmente o perseguidos.

Durante la presentación del documento, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, indicó que la información del mismo revela que de 2011 a 2016 las violaciones a los derechos de los defensores se incrementaron en 493 por ciento.

Concha subrayó que para tener una idea de la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales contra este sector, el informe refiere que durante el sexenio de Felipe Calderón se documentaron 67, mientras que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han perpetrado 123, y tan sólo en el periodo de análisis de este reporte fueron 57.

Otras agresiones que enfrentan los defensores, de acuerdo con el informe, son desapariciones forzadas, agresiones físicas, criminalización de su labor, entre otras.

Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo México, indicó que el reporte únicamente se refiere a violaciones cometidas, directa o indirectamente, por agentes y funcionarios del Estado mexicano y no se contemplan las de grupos criminales.

De los 579 defensores agredidos, 87 por ciento (503) sufrieron abusos directos por parte de policías estatales o federales, miembros de las fuerzas armadas o de los órganos de inteligencia y seguridad nacional.

De ese total, 296 fueron agredidos físicamente, 160 sufrieron hostigamiento, 83 fueron criminalizados, 23 recibieron amenazas, sobre todo de muerte, y ocho vivieron allanamiento de sus hogares u oficinas. También, 11 fueron víctimas de desaparición forzada durante el periodo de estudio, de los cuales cinco fueron ejecutados y tres liberados.

Tannia Falconer, de la Fundación Rosa Luxemburgo, aseveró que las cifras del informe muestran el recrudecimiento de prácticas represivas contra defensores de derechos humanos, con el objetivo de frenar la organización social en el legítimo derecho a la protesta contra las políticas neoliberales y las reformas estructurales.